El Consejo para la Transparencia (CPLT) ha revelado un preocupante panorama sobre el incumplimiento de las normas de transparencia activa por parte de organismos del Estado chileno. En su balance anual de 2024, el CPLT informó que de los 16.350 ítems revisados, se identificaron 2.251 casos de información no disponible, 626 ítems con información desactualizada y 11 casos de incompletitud, lo que refleja graves deficiencias en el acceso a la información pública.
Según el análisis, dos organismos concentran los mayores niveles de infracción: la Delegación Presidencial Provincial de Parinacota, con 32 ítems incumplidos, y la Delegación Presidencial Provincial de Petorca, con 28. Además, las infracciones se concentran en áreas clave como contratos formalizados mediante órdenes de compra, modificaciones presupuestarias, mecanismos de participación ciudadana, transferencias reguladas y contrataciones de bienes inmuebles.
Organismos con Mejor y Peor Desempeño
En contraste, la Superintendencia de Salud y el Servicio de Registro Civil e Identificación fueron los únicos organismos que cumplieron plenamente con las exigencias de transparencia activa. Sin embargo, el promedio general es preocupante, ya que solo 91 de los 327 organismos evaluados implementaron adecuadamente la separación de adquisiciones menores a 3 UTM, bienes muebles y servicios.
Además, el CPLT identificó problemas recurrentes en la actualización de información presupuestaria, la ausencia de registros de autoridades electas o designadas, y la carencia de datos sobre gastos de representación, protocolos y ceremonial.
Acciones del CPLT y Llamado a la Mejora
Ante estas deficiencias, el CPLT adoptó medidas inmediatas, como la apertura de investigaciones sumarias en los 41 organismos con puntajes inferiores a 65 puntos, y exigió el pleno cumplimiento de las normativas a los organismos restantes. Asimismo, se realizará una nueva fiscalización en 2025 para verificar avances, y los resultados del proceso ya han sido notificados a entidades como la Contraloría General de la República y comisiones legislativas, buscando reforzar la supervisión y promover mejoras estructurales en la gestión pública.
El presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, concluyó que Estos hallazgos reflejan la urgencia de que los organismos públicos adopten estándares más altos de gestión y acceso a la información. La transparencia no es solo una exigencia legal, sino una herramienta para fortalecer la confianza ciudadana y garantizar que los recursos públicos sean gestionados con probidad. Desde el Consejo, se seguirá trabajando para impulsar una cultura de transparencia en todo el sector público.
