En un esfuerzo por evitar un desalojo inminente, los habitantes de la toma Lajarilla en Viña del Mar han presentado una solicitud de aplazamiento ante la Corte de Apelaciones de Valparaíso. La toma, compuesta principalmente por familias inmigrantes de Perú, Haití y Venezuela, alega no tener las garantías necesarias para realizar un desalojo de manera adecuada.
Según el documento presentado, los residentes de la toma afirman tener la voluntad de desalojar el predio, pero carecen de las condiciones para hacerlo de forma ordenada, como la disposición de albergues transitorios y el correcto almacenamiento de sus pertenencias. La solicitud será revisada por la segunda sala de la Corte de Apelaciones y se espera una resolución durante la tarde de este lunes.
Pero la solicitud de aplazamiento no es la única preocupación de los habitantes de la toma. En el mismo documento, los residentes acusan haber sido estafados desde el inicio de la ocupación. Según el escrito, el dueño del terreno, José Massú, los autorizó a utilizar el predio, pero posteriormente, un individuo llamado Carlos Donaire llegó a cobrarles dinero por la ocupación.
«Carlos Donaire se presentó realizando cobros a las familias ocupantes, en pago por la ocupación del predio. Los pagos efectuados con el correr del tiempo superaron los dos millones de pesos por parte de cada grupo familiar»
Los habitantes de la toma, en su mayoría inmigrantes con poco tiempo en el país, afirman que Donaire los indujo al error y que fueron víctimas de una estafa organizada por el dueño del terreno.
Esta situación pone de manifiesto los desafíos que enfrentan las comunidades inmigrantes en Chile, quienes a menudo se ven vulnerables ante situaciones de abuso y explotación. La solicitud de aplazamiento del desalojo y la denuncia de estafa buscan garantizar un proceso justo y ordenado para estas familias que luchan por encontrar un hogar en un país nuevo.
