Hace más de dos décadas, Chile implementó la Reforma Procesal Penal con el objetivo de modernizar su sistema judicial y garantizar una justicia más oportuna y efectiva. Sin embargo, a más de 20 años de su aplicación, el panorama actual presenta preocupantes desafíos que han puesto en jaque la eficacia del sistema penal.
Lentitud en las Investigaciones y Juicios Prolongados
Uno de los principales problemas que aqueja al sistema judicial chileno es la lentitud en las investigaciones a cargo del Ministerio Público. Además, los largos juicios que en ocasiones se extienden por años han generado una gran preocupación en el mundo penal y académico, ya que ponen en riesgo los derechos y garantías tanto de las víctimas como de los imputados.
Según el exfiscal Ricardo Freire, esta problemática afecta directamente la confianza de la ciudadanía en las instituciones
, pues un sistema penal que no logra impartir justicia de manera oportuna genera un profundo descrédito.
Desafíos en la Incorporación de Pruebas
Por su parte, el exabogado litigante del Consejo de Defensa del Estado, Rodrigo Reyes, señala que uno de los puntos clave a reformar sería la forma en que se incluyen las pruebas documentales en los juicios, ya que este proceso suele demorar y consumir gran parte del procedimiento.
Recorte Presupuestario y Llamado a las Autoridades
Cabe destacar que el Poder Judicial ha sufrido un recorte presupuestario de más de 17 mil millones de pesos, lo que ha sido rechazado por los gremios relacionados con el sistema judicial. Estos han solicitado a las autoridades que reviertan esta medida, pues consideran que puede generar graves consecuencias en un sistema ya en crisis.
Hacia una Justicia Más Oportuna y Eficiente
En resumen, el sistema judicial chileno enfrenta importantes desafíos en materia de celeridad y eficiencia, lo que pone en riesgo los derechos de los ciudadanos y la confianza en las instituciones. Para superar esta crisis, se requieren reformas que agilicen los procesos, optimicen la incorporación de pruebas y cuenten con el respaldo presupuestario necesario. Solo así podrá lograrse una justicia penal más oportuna y confiable para todos los chilenos.
