El Consejo de Defensa del Estado (CDE) ha tomado medidas enérgicas al presentar una querella criminal contra un grupo de exfuncionarios de la municipalidad de Las Condes y otros particulares, acusándolos de delitos de fraude al Fisco y uso malicioso de instrumento público. Esta acción legal se enmarca en un escándalo relacionado con un fallido proyecto inmobiliario y de salud que habría generado pérdidas millonarias de recursos fiscales.
Según el escrito presentado el pasado 7 de febrero, la querella se dirige contra Ricardo Nicolás Gutiérrez Lafrentz, Alejandro Esteban Contreras Morales y Héctor Patricio Navarrete Aris, exfuncionarios municipales, así como también contra Travisany Santos y Paul Gerard Capdeville Castro, representantes legales de Vulcon Asset Management SpA. Adicionalmente, la acción penal apunta contra los abogados Luis Antonio Espinoza Novoa y Eduardo Antonio López Arriagada, por el delito de uso malicioso de instrumento público.
Proyecto Inmobiliario Fantasma y Millonarias Pérdidas
El caso se remonta a la gestión irregular de un supuesto proyecto inmobiliario para la construcción de un Centro de Salud Familiar (Cesfam), el cual nunca llegó a concretarse. Según el CDE, durante el proceso de adquisición de terrenos para este proyecto se detectaron diversas irregularidades, entre ellas la compra de propiedades a valores inflados, la falsificación de un decreto municipal de marzo de 2022 y el ocultamiento de información relevante.
Estas acciones habrían generado un perjuicio patrimonial al Fisco estimado en $15.200 millones, equivalentes a 400 mil unidades de fomento (UF). Cabe destacar que esta cifra representa una cantidad significativa de recursos públicos que se habrían desviado de su propósito original, lo que ha llevado al CDE a tomar medidas legales para esclarecer las responsabilidades y recuperar los fondos comprometidos.
Recuperación de Fondos y Responsabilidades Penales
La querella presentada por el CDE tiene como objetivo establecer las responsabilidades penales de los involucrados y lograr la restitución de los fondos públicos comprometidos en esta operación. Esto implica un proceso judicial exhaustivo para determinar la culpabilidad de los acusados y, en caso de ser hallados responsables, asegurar la devolución de los recursos desviados.
Este caso pone de manifiesto la importancia de la vigilancia y el control de los fondos públicos, así como la necesidad de una gestión transparente y responsable por parte de las autoridades y funcionarios encargados. La acción del CDE busca enviar un mensaje claro de que no se tolerará el uso indebido de recursos públicos y que se tomarán las medidas necesarias para proteger los intereses de la ciudadanía.
