En un fallo histórico, el Tribunal Oral en lo Penal de Coyhaique condenó al exPrefecto de Carabineros, Pablo Capetillo Contreras, y al exjefe de Fuerzas Especiales, Juan Fuentes Fuentealba, por el delito de obstrucción a la investigación calificada. La condena se debió a que ambos ocultaron deliberadamente un video que exculpaba a un estudiante de haber lanzado piedras a un funcionario policial durante una protesta en Avenida Ogana en 2019.
Los hechos se remontan a noviembre de 2019, cuando un joven fue detenido y acusado por Carabineros de ser el responsable de las lesiones graves sufridas por uno de sus funcionarios. Sin embargo, las investigaciones posteriores revelaron que Capetillo y Fuentes habían sido informados de la existencia de un video que demostraba la inocencia del estudiante, pero aun así ordenaron que este fuera excluido de los informes entregados al Ministerio Público.
Más allá de ocultar pruebas, los condenados también incurrieron en falso testimonio al omitir su conocimiento del video exculpatorio durante la investigación. Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y la rendición de cuentas dentro de las instituciones públicas, especialmente aquellas encargadas de hacer cumplir la ley.
Justicia Restaurativa en Acción
La condena de Capetillo y Fuentes es un claro ejemplo de justicia restaurativa, donde no solo se sanciona a los responsables, sino que también se busca reparar el daño causado a la víctima y a la comunidad. En este caso, el estudiante detenido injustamente, el Consejo de Defensa del Estado y el Instituto Nacional de Derechos Humanos se sumaron como querellantes, buscando que se hiciera justicia y se restableciera la confianza en las instituciones.
Este fallo envía un mensaje claro de que la impunidad no será tolerada y de que los funcionarios públicos deben rendir cuentas por sus acciones
, señaló un portavoz del Instituto Nacional de Derechos Humanos.
Lecciones Aprendidas y Reformas Pendientes
Si bien este caso representa un avance en la lucha contra la corrupción y el abuso de poder, aún queda mucho trabajo por hacer para garantizar la integridad y la transparencia en las instituciones de seguridad pública. Algunas de las lecciones aprendidas y reformas pendientes incluyen:
- Implementar mecanismos de control y supervisión más robustos dentro de Carabineros para prevenir y detectar este tipo de conductas.
- Fortalecer los sistemas de denuncia y protección para whistleblowers que expongan irregularidades dentro de la institución.
- Promover una cultura de rendición de cuentas y responsabilidad entre los altos mandos de Carabineros.
- Garantizar que las investigaciones internas se lleven a cabo de manera imparcial y transparente.
Solo a través de estos cambios estructurales y de mentalidad podremos asegurar que casos como este no vuelvan a repetirse y que la confianza de la ciudadanía en las fuerzas del orden se restaure plenamente.
