Las principales asociaciones del Poder Judicial han manifestado su profunda preocupación por la lenta investigación en torno a la fallida renovación de los vehículos Lexus asignados a los ministros de la Corte Suprema. Esta decisión, tomada en febrero de 2024, generó una ola de críticas y cuestionamientos que afectaron aún más la imagen del sistema judicial ante la ciudadanía.
Según la declaración suscrita por las asociaciones, el Consejo Superior de la Corporación Administrativa del Poder Judicial instruyó una investigación administrativa en contra del Director y Subdirector de dicha entidad, quienes fueron suspendidos de sus funciones por cuatro meses en el marco de este proceso.
Sin embargo, las asociaciones denuncian que estos funcionarios suspendidos fueron designados en comisiones de servicio fuera de las dependencias institucionales, lo que les ha permitido mantenerse alejados de la institución y extender el proceso investigativo en su contra. Esta situación, que se prolonga por casi un año, les ha impedido participar en la defensa del presupuesto para el año 2025 y en las negociaciones posteriores relacionadas con un recorte presupuestario de 17 mil millones de pesos.
Las asociaciones expresan su preocupación por la inestabilidad e intranquilidad que genera la ausencia prolongada de las máximas autoridades de la Corporación Administrativa, lo que podría tener efectos nocivos en el clima laboral de la institución.
Además, cuestionan que tanto la fiscal a cargo de la investigación como el órgano resolutor forman parte del mismo órgano que aprobó la cuestionada adquisición, lo que podría afectar la imparcialidad del proceso.
En su declaración, las asociaciones abogan por el pronto término de este procedimiento y la determinación de responsabilidades y sanciones que correspondan, si fuera el caso, en aras de la transparencia, oportunidad y debido proceso.
