En un esfuerzo por garantizar la transparencia y el acceso ciudadano a la información pública, el Consejo para la Transparencia (CPLT) ha ordenado investigaciones sumarias contra tres subsecretarías gubernamentales: Turismo, Derechos Humanos y Culturas y las Artes. Esta medida se debe a graves incumplimientos detectados en el cumplimiento de sus obligaciones de transparencia activa.
La fiscalización realizada por el CPLT en 2024 reveló que estas tres subsecretarías presentaban niveles de cumplimiento inferiores al 80% en relación a la Ley de Transparencia (Ley N°20.285), la cual exige la publicación en línea de información relevante para la ciudadanía.
Hallazgos de la Fiscalización
Subsecretaría de Turismo
– Cumplimiento: 74,56%
– Incumplimientos: 10 ítems obligatorios de transparencia activa, como la no publicación de su estructura orgánica, bonificaciones, mecanismos de participación ciudadana, presupuesto asignado y modificaciones.
– Además, presentó desactualización en actos, resoluciones y ejecución presupuestaria.
Subsecretaría de Derechos Humanos
– Cumplimiento: 78,69%
– Incumplimientos: 11 ítems obligatorios, entre ellos contrataciones fuera del Sistema de Compras Públicas, contratos formalizados por orden de compra y mecanismos de participación ciudadana.
– También registró información incompleta sobre modificaciones presupuestarias y desactualización en otras transferencias y ejecución presupuestaria.
Subsecretaría de las Culturas y las Artes
– Cumplimiento: 60,64%
– Incumplimientos: 11 ítems obligatorios, con problemas graves en desactualización de información sobre bonificaciones, contrataciones fuera del Sistema de Compras Públicas, subsidios, beneficiarios y ejecución presupuestaria.
– Destacaron falencias en información sobre actos y resoluciones con efectos sobre terceros.
Sanciones y Llamado a la Transparencia
Según el presidente del CPLT, Bernardo Navarrete, estos hallazgos son una clara señal de que la transparencia no es opcional, sino una obligación legal. Las subsecretarías involucradas enfrentan sanciones de entre el 20% y 50% de la remuneración mensual bruta de los funcionarios responsables por incumplimientos injustificados.
La ciudadanía tiene derecho a acceder a información oportuna y completa sobre la gestión pública. Estas investigaciones son una señal clara de que la transparencia no es opcional, sino una obligación legal, cuyo incumplimiento injustificado amerita una sanción
, afirmó Navarrete.
El CPLT ha invitado a las subsecretarías a corregir estas deficiencias con celeridad, reafirmando así su compromiso con la democracia y el buen gobierno. La disponibilidad de información pública es un pilar fundamental para la rendición de cuentas y la participación ciudadana.
En general, la fiscalización reveló altos niveles de incumplimiento en las subsecretarías evaluadas, con déficits en la publicación del presupuesto asignado y su ejecución (63,03%) y en adquisiciones y contrataciones (69,79%). Estos resultados subrayan la necesidad urgente de fortalecer la gestión de transparencia activa en estas áreas clave del sector público.
