Los consejeros regionales del Bío Bío se encuentran evaluando la posibilidad de presentar un requerimiento por notable abandono de deberes contra el exgobernador Rodrigo Díaz, luego de que el actual gobernador Sergio Giacaman revelara una deuda millonaria dejada por la administración anterior.
Según los datos proporcionados, la deuda asciende a más de 24 mil millones de pesos, incluyendo más de 15 mil millones adeudados a empresas contratistas, dineros no transferidos a fundaciones y 7 mil millones para el Rally. Esto, sumado al juicio de cuentas abierto por la Contraloría, ha llevado a los consejeros a considerar acciones legales contra el exgobernador.
Consejeros Analizan Presentar Requerimiento
Américo Mondaca, consejero del Partido Republicano, señaló que a partir de los antecedentes conocidos, se debería evaluar un posible requerimiento por notable abandono de deberes contra Rodrigo Díaz. Por su parte, el excore y excandidato a gobernador regional, Javier Sandoval, del Partido Igualdad, indicó que las deudas, sumado al juicio de cuentas, son sustento de una acusación contra la exautoridad.
El diputado Eric Aedo (DC) también se pronunció al respecto, llamando a los integrantes del CORE Bío Bío a considerar una denuncia y hacer lo que, según él, no hicieron los anteriores consejeros regionales. Sin embargo, el consejero de la UDI, Luis Santibáñez, sugirió que antes de actuar se debería pedir el parecer a la Contraloría o al Consejo de Defensa del Estado.
Posibles Sanciones y Próximos Pasos
Desde el Frente Amplio, Gonzalo Osorio señaló que están a la espera de mayores detalles sobre el estado financiero en que quedó el GORE Bío Bío para decidir las acciones a seguir como ente fiscalizador. Según lo indicado por abogados, en caso de que se presente y acoja un requerimiento por notable abandono de deberes, la única sanción posible para Rodrigo Díaz sería la inhabilidad para ejercer cargos públicos durante cinco años.
Los consejeros regionales se encuentran analizando detenidamente la situación y evaluando las medidas legales más apropiadas para hacer frente a esta millonaria deuda dejada por la administración anterior, con el objetivo de garantizar una gestión responsable y transparente de los recursos públicos en la región.
