La Contraloría General de la República ha dado un paso decisivo en la investigación del Caso Convenios, iniciando un juicio de cuentas contra el exgobernador Rodrigo Díaz y otras 16 personas por un monto que supera los $423 millones. Este proceso tiene como objetivo determinar la responsabilidad de estos funcionarios en la administración de fondos públicos que fueron transferidos a diversas fundaciones y que no lograron ser debidamente acreditados.
Según la resolución emitida por el organismo contralor, el exgobernador Díaz es responsable solidariamente con el resto de los sindicados por estos cuestionados desembolsos. Entre los otros implicados se encuentran exjefes de división del Gobierno Regional del Bío Bío, como Iván Valenzuela, Simón Acuña y Nelly Pillado, así como también exfuncionarios como Tamara Vidal, Marco Loyola y Maritza San Martín, esta última actualmente a cargo de la Dirección Regional del Sernatur.
El gobernador en funciones, Sergio Giacaman, señaló que se enteró de estos juicios de cuentas a partir de la notificación realizada por personal de la Contraloría que llegó al Gobierno Regional. Nos hemos enterado de esta situación a través de lo señalado por el personal de la Contraloría que vino a notificar a los 17 sindicados como responsables de estos dineros cuestionados, indicó Giacaman.
Auditoría a Fondos Transferidos a Fundaciones
Según el documento de 66 páginas al que tuvo acceso Radio Bío Bío, la Contraloría realizó una auditoría exhaustiva a los recursos entregados por el Gobierno Regional a diversas fundaciones, entre ellas Horizontes Ciudadanos, Mi Hogar Asuncionista, Fundación Financiera y Red Cultivarte. En esta revisión, se determinó que los gastos realizados por estas organizaciones no lograron ser debidamente acreditados, lo que derivó en la imputación de responsabilidad a los exfuncionarios.
Cuestionamientos a la Tardanza del Proceso
Si bien el exconsejeror regional Gabriel Torres destacó la importancia del informe de la Contraloría, también cuestionó lo tardío de este proceso. Celebro que la Contraloría haya iniciado estos juicios de cuentas, pero lamento que haya tardado tanto en hacerlo. Estos hechos ocurrieron hace años y la ciudadanía merecía respuestas más oportunas, señaló Torres.
El Caso Convenios ha sido uno de los mayores escándalos de corrupción que ha sacudido a la región del Bío Bío en los últimos años, involucrando a altos funcionarios del Gobierno Regional y a diversas organizaciones que recibieron millonarios fondos públicos sin justificación. Este juicio de cuentas representa un importante paso en el proceso de rendición de cuentas y recuperación de los recursos cuestionados.
