La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó enérgicamente las persistentes prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, las cuales han sido utilizadas para sembrar miedo y ejercer control sobre la población. En un comunicado, el organismo internacional recordó que la líder opositora María Corina Machado es beneficiaria de medidas cautelares otorgadas para garantizar que pueda desempeñar sus actividades políticas sin ser objeto de amenazas, hostigamientos o actos de violencia.
La CIDH señaló que en el marco de las manifestaciones convocadas por la oposición, Machado fue retenida por las autoridades. Sin embargo, el organismo resaltó que la dirigente política cuenta con medidas cautelares que deben ser respetadas por el gobierno venezolano para permitirle ejercer sus derechos políticos sin restricciones.
Llamado a Cesar la Persecución Política
Además, la CIDH condenó enérgicamente el continuo uso de prácticas de terrorismo de Estado en Venezuela, las cuales han incluido detenciones arbitrarias y desapariciones forzadas de opositores, defensores de derechos humanos y periodistas, especialmente en los días previos a las manifestaciones pacíficas convocadas por la oposición.
En este sentido, la CIDH instó al gobierno venezolano a cesar de manera inmediata la persecución contra personas opositoras, defensoras de derechos humanos y periodistas, y a liberar de forma inmediata a todos los presos políticos. Esto con el fin de garantizar el ejercicio de los derechos políticos y las libertades fundamentales en el país.
Contexto de Disputa Electoral
Cabe destacar que estas acciones de la CIDH se dan en un contexto de disputa electoral en Venezuela, donde el presidente Nicolás Maduro se prepara para asumir un nuevo mandato, mientras que el candidato Edmundo González Urrutia reivindica su victoria en las elecciones del pasado 28 de julio y mantiene su voluntad de reclamar la Presidencia.
La CIDH ha expresado su preocupación por las graves violaciones a los derechos humanos que se han registrado en Venezuela, y ha instado al gobierno a respetar los derechos políticos y las libertades fundamentales de la población, incluyendo el derecho a la protesta pacífica.
