La controversia en torno a la fallida compra de la casa del expresidente Salvador Allende ha desatado una tormenta política en Chile. Parlamentarios de la coalición Chile Vamos han anunciado una serie de acciones legales y fiscalizadoras para determinar las responsabilidades políticas de la ministra de Defensa, Maya Fernández, y la senadora Isabel Allende, nieta y hija del fallecido mandatario, respectivamente.
En concreto, los legisladores adelantaron que solicitarán antecedentes al Poder Ejecutivo sobre este caso y, con toda la información recabada, presentarán un escrito ante el Tribunal Constitucional. Esto con el objetivo de hacer valer las infracciones a la Constitución que, según ellos, se habrían cometido en la fallida transacción.
Cuestionamientos de Chile Vamos
El jefe de bancada de la Unión Demócrata Independiente (UDI), Gustavo Benavente, señaló que utilizarán todas las herramientas fiscalizadoras que nos otorga la ley y la Constitución
para determinar las responsabilidades políticas. Además, adelantó que el próximo lunes se votará la creación de una Comisión Investigadora sobre este caso.
Por su parte, el jefe de bancada de Evópoli, Jorge Guzmán, indicó que nuestra obligación como parlamentarios es respetar la Constitución en las leyes y también hacerla respetar
. En ese sentido, señaló que tanto la ministra Fernández como la senadora Allende habrían vulnerado de forma evidente la Carta Magna al celebrar un contrato con el Estado, algo prohibido por los artículos 37 bis y 60.
Cautela ante el Tribunal Constitucional
Desde Renovación Nacional, el diputado Andrés Longton advirtió que no hay que ir a improvisar al Tribunal Constitucional
, pues ir apresuradamente puede llevarnos a una dura derrota
. Por ello, pidió tener los fundamentos necesarios y que sean lo suficientemente contundentes para que el máximo tribunal no tenga excusas para fallar en derecho.
La controversia se desató luego de que se conociera la fallida compra de la casa de Allende por $933 millones, una transacción que habría violado la prohibición constitucional de que ministros y parlamentarios celebren contratos con el Estado. Ahora, los legisladores de Chile Vamos buscan determinar responsabilidades y llevar el caso ante el Tribunal Constitucional.
