En la región de La Araucanía, 43 personas pertenecientes a 29 familias que residen en las islas del Lago Budi en Puerto Saavedra se enfrentan a una grave crisis de abastecimiento de agua potable. Estas comunidades, que habitan en las islas de Llepo, Pilar, Huapi y Nahuelhuapi, llevan ya 12 días sin poder acceder al vital líquido.
La situación se originó cuando el empresario que proveía el servicio de transporte de agua en lancha-cisterna dejó de realizar los recorridos, debido a que no había recibido el pago correspondiente por parte de la Delegación Presidencial Regional. Ante esta problemática, el delegado Eduardo Abdala se ha comprometido a resolver el asunto en la presente semana, acelerando el proceso para contar con un nuevo proveedor que pueda abastecer a estas familias aisladas.
Un Problema Estructural
Abdala reconoció que el abastecimiento de agua potable a los habitantes de las islas del Lago Budi es un problema de carácter estructural, que se viene trabajando desde la Dirección General de Aguas y la Dirección de Obras Hidráulicas, ambas pertenecientes al Ministerio de Obras Públicas, en conjunto con el municipio, en busca de una solución definitiva.
Además de la interrupción del servicio de transporte de agua, las familias también se ven afectadas por la disminución del nivel del Lago Budi, lo que ha provocado que los pozos profundos construidos por algunos vecinos tengan menos agua disponible. Sumado a esto, el cese de las lluvias les ha impedido recolectar el vital líquido por medios propios.
Esfuerzos por Resolver la Emergencia
El delegado Abdala se ha comprometido a acelerar los trámites para contar con un nuevo proveedor de agua potable que pueda abastecer a estas comunidades aisladas en las islas del Lago Budi. Asimismo, se están realizando gestiones con las entidades correspondientes para encontrar una solución estructural y permanente a este problema que afecta a estas familias.
La situación de escasez de agua potable en las islas del Lago Budi es un desafío que requiere la atención y el esfuerzo coordinado de las autoridades regionales y locales, con el objetivo de garantizar el acceso al agua, un derecho fundamental para estas comunidades.
