Luego de una investigación que se extendió por 8 años, la Fiscalía ha concluido que no existen pruebas suficientes para acusar a la médica Sandra Cuevas, de Concepción, por la emisión de 31,597 licencias médicas falsas entre 2010 y 2015. La Superintendencia de Seguridad Social había presentado una querella contra la facultativa, pero la Fiscalía decidió no perseverar en el caso.
La decisión de la Fiscalía no fue bien recibida por el Colegio Médico (Colmed), cuyo presidente, Álvaro Llancaqueo, cuestionó que no se hayan determinado las responsabilidades en este caso. Por su parte, el abogado de la médica, Marcelo Villena, señaló que si bien su representada está conforme con el resultado, durante todos estos años estuvo cuestionada y la causa ha terminado sin formalización, sin acusación
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Antecedentes del Caso
En 2016, el Gobierno, a través de la Superintendencia de Seguridad Social, denunció a la médica Cuevas por la emisión de una gran cantidad de licencias médicas falsas. Esto dio origen a una investigación del Ministerio Público, la cual finalmente concluyó este mes con la comunicación de no perseverar, luego de que la fiscal Maritza González informara que no se habían reunido los antecedentes suficientes para fundar una acusación.
Como resultado de esta investigación, se conoce que la médica Cuevas tendría prohibido atender por Fonasa y emitir licencias médicas. Además, en Concepción sigue vigente una segunda investigación contra la psiquiatra Francisca Morales Etcheberry, quien habría entregado 2,796 licencias supuestamente falsas entre abril de 2021 y marzo de 2022.
Cuestionamientos y Perspectivas
El Colegio Médico de Concepción ha rechazado enérgicamente este tipo de conductas, atribuidas a un grupo minoritario de facultativos. Su presidente, Álvaro Llancaqueo, señaló que la Fiscalía debe perseguir las responsabilidades y cuestionó lo ocurrido en este caso.
Por su parte, la médica Cuevas y su abogado afirman que, si bien están conformes con el resultado, la profesional ha sido injustamente cuestionada durante años. Esto evidencia la necesidad de una investigación exhaustiva y transparente, que permita determinar responsabilidades y proteger la integridad de la profesión médica.
En resumen, este caso pone de manifiesto la complejidad de los procesos judiciales y la importancia de contar con pruebas sólidas para sustentar acusaciones de esta naturaleza. La decisión de la Fiscalía ha generado cuestionamientos en el gremio médico, lo que subraya la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y rendición de cuentas en el sistema de salud.
