En un esfuerzo por proteger los derechos de los consumidores, el Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado medidas enérgicas contra un grupo de empresas inmobiliarias. Después de citar al representante legal de Inmobiliaria Costa del Sol, Agroparcelas, Agroparcelas Chile y Mundo Parcelas para que explicara los motivos detrás de los numerosos reclamos de clientes, el representante no se presentó ni justificó su ausencia.
Según los registros del Sernac, los reclamos de los clientes apuntan a incumplimientos en los plazos de entrega, cambios en las especificaciones de los proyectos y falta de respuesta por parte de las empresas. Si bien los reclamos pueden estar dirigidos a una de las firmas mencionadas, todas pertenecen al mismo rubro y comparten el mismo representante legal.
Uno de los casos citados por el Sernac involucra a un usuario que realizó la reserva de compra-venta de una parcela en San Francisco de Mostazal, cuya entrega debía ser a finales de febrero de 2024, pero la empresa no cumplió con el plazo. Al consultar por la demora, la empresa no respondió por correo o teléfono.
Otro cliente que firmó una promesa de compraventa de parcela, indicó que la entrega del proyecto debía ser a finales de agosto de 2023. Al no cumplirse el plazo, solicitó la devolución del dinero, pero la empresa no respondió ni realizó la devolución.
Ante esta situación, el Sernac presentó una petición de orden de arresto ante el 2° Juzgado de Policía Local de Santiago para obligar al representante legal a comparecer y explicar los motivos de estos incumplimientos y las soluciones que ofrecerán a los consumidores. La Ley del Consumidor otorga al Sernac la facultad de citar obligatoriamente a los representantes legales, administradores, asesores y dependientes de las empresas, con el fin de recabar información detallada sobre situaciones de consumo.
Este caso pone de manifiesto la importancia de que las empresas inmobiliarias cumplan con sus compromisos y brinden una atención adecuada a los clientes. El Sernac está dispuesto a tomar medidas enérgicas para proteger los derechos de los consumidores y garantizar que las empresas respondan de manera oportuna y transparente ante los reclamos.
