El padre del menor que denunció haber sido víctima de un ataque de connotación sexual en el baño del Teatro Regional del Bío Bío, ha cuestionado enérgicamente la decisión de la Fiscalía de suspender la causa contra el imputado. Según el padre, este hecho confirma que en Chile la justicia solo parece estar al alcance de los poderosos, ya que si las víctimas no tienen recursos para contratar abogados, el Ministerio Público no las representa adecuadamente.
La Fiscalía explicó que la suspensión de la causa se debió a que finalmente se determinó que lo ocurrido no fue un abuso sexual, sino un acoso, es decir, una falta penal que conlleva sanciones más leves. Sin embargo, el padre del menor de 13 años considera que esta resolución revela que para el Ministerio Público, lo sucedido fue algo casi sin importancia.
Según el padre, la decisión de suspender la causa sin sanción alguna se debe a que ellos no tuvieron los recursos económicos para contratar un abogado particular, a diferencia del imputado, quien sí pudo hacerlo. Esto demuestra que en Chile la justicia solo es accesible para quienes tienen dinero, lamentó el hombre.
Desigualdad en el Sistema Judicial
El caso pone de manifiesto las profundas brechas que existen en el sistema judicial chileno, donde la capacidad económica parece ser un factor determinante para acceder a una representación legal adecuada. Esto genera una situación de desigualdad que afecta principalmente a las víctimas más vulnerables, quienes no cuentan con los recursos necesarios para hacer valer sus derechos.
Expertos en el tema señalan que esta problemática refleja la necesidad de fortalecer los mecanismos de asistencia legal gratuita y de garantizar una representación equitativa para todas las partes involucradas en un proceso judicial. Solo así se podrá avanzar hacia un sistema de justicia más justo e inclusivo, donde la protección de los derechos de las víctimas sea una prioridad, independientemente de su condición socioeconómica.
Llamado a la Acción
El padre de la víctima ha hecho un llamado a las autoridades y a la sociedad en general para que se tomen medidas concretas que garanticen una verdadera igualdad de oportunidades en el acceso a la justicia. Esto implica no solo reformas legales, sino también un cambio cultural que erradique la percepción de que la justicia es un privilegio reservado para unos pocos.
Solo así se podrá evitar que casos como este se repitan, y se logrará construir un sistema judicial más justo y equitativo, que proteja a los más vulnerables y brinde una verdadera oportunidad de acceso a la justicia para todos los ciudadanos.
