En un esfuerzo por combatir la delincuencia extranjera y garantizar la seguridad de los ciudadanos, el Gobierno de Chile ha intensificado las medidas de expulsión de extranjeros que han cometido delitos graves en el país. Durante el año 2024, se ha logrado la deportación de 1.016 personas mediante vuelos chárter y comerciales regulares, de las cuales 626 fueron expulsiones administrativas y 390 judiciales.
Según el Servicio Nacional de Migraciones, las 40 personas expulsadas recientemente fueron acusadas de delitos como robo con intimidación, robo con violencia, porte ilegal de armas de fuego y tráfico ilícito de drogas, entre otros delitos graves que representaban una amenaza para la seguridad pública. Además, algunas de ellas también fueron sancionadas por infracciones a la normativa migratoria, como el ingreso por pasos no habilitados.
Récord de Expulsiones Administrativas
El director del Servicio Nacional de Migraciones, Luis Eduardo Thayer, destacó que las 626 expulsiones administrativas realizadas durante 2024 representan la cifra más alta de los últimos seis años, de 2018 a 2023. Esto, según Thayer, demuestra el compromiso del Gobierno por perfeccionar los procedimientos y aplicar de manera eficaz y oportuna las sanciones migratorias.
Este año hemos ejecutado 626 expulsiones administrativas, que son las que dependen de Sermig, y es la cifra más alta de los últimos seis años. Esto demuestra que en un esfuerzo coordinado con PDI, hemos perfeccionado los procedimientos para materializar estas expulsiones
, sostuvo el director del Servicio Nacional de Migraciones.
Plan Nacional de Fiscalizaciones
Por su parte, el prefecto inspector Christian Sáez Aguilera, Jefe Nacional de Migraciones y Policía Internacional PDI, informó que el procedimiento de expulsión de los 40 extranjeros se llevó a cabo sin inconvenientes. Además, destacó que en todas las regiones del país y en forma permanente, se está implementando el Plan Nacional de Fiscalizaciones en la vía pública.
El objetivo de este Plan es detectar a personas extranjeras que se encuentran residiendo en Chile de forma irregular, cometiendo delitos, o ubicar a aquellas personas que tienen decretos o resoluciones de expulsión vigentes
, aseguró la autoridad.
Estas medidas reflejan el compromiso del Gobierno de Chile por mantener el Estado de Derecho y garantizar la seguridad de sus ciudadanos, al tiempo que envían un mensaje claro a los extranjeros que cometen delitos en el país: no serán tolerados y serán expulsados de forma expedita.