En un fallo contundente, la Corte de Apelaciones de Valdivia ha condenado a la Municipalidad de Lanco a pagar una cuantiosa indemnización por despido injustificado a uno de sus ex funcionarios. El caso, que inicialmente había sido rechazado por el Juzgado de Letras de Mariquina, ha sido revocado en segunda instancia, obligando a la administración municipal a desembolsar una suma que supera los 7 millones de pesos.
El demandante, Sebastián Díaz Rivero, fue contratado a honorarios en julio de 2021 para desempeñarse en la Secretaría de Planificación Comunal (Secplan), donde se encargaba de elaborar diseños de arquitectura y apoyar en la formulación, ejecución y actualización de proyectos. Sin embargo, su vínculo laboral finalizó abruptamente el 28 de diciembre del año pasado, cuando recibió un correo informándole sobre su desvinculación a finales de ese mes.
Ante esta situación, Díaz Rivero decidió demandar a la Municipalidad de Lanco por despido injustificado y cobro de prestaciones laborales. Aunque en primera instancia el Juzgado de Letras de Mariquina falló en contra del funcionario, la Corte de Apelaciones de Valdivia, en una decisión unánime, revirtió el dictamen inicial y acogió la demanda interpuesta.
La Corte consideró que el municipio no justificó adecuadamente la desvinculación del señor Díaz Rivero, por lo que determinó que el despido fue injustificado y ordenó el pago de la correspondiente indemnización
, explicó el alcalde Juan Rocha, quien afirmó que su equipo jurídico está evaluando el fallo y no descarta recurrir a la Corte Suprema para impugnar la decisión.
Controversia y Análisis de Recursos Legales
La condena impuesta a la Municipalidad de Lanco ha generado controversia y debate en torno a la gestión del personal municipal. El alcalde Rocha ha señalado que el ex funcionario no estaba cumpliendo con las funciones para las que fue contratado, lo que habría motivado su desvinculación. Sin embargo, la Corte de Apelaciones consideró que esta justificación no fue suficiente.
Ahora, la administración municipal se encuentra analizando las opciones legales a su alcance, incluyendo la posibilidad de recurrir a la Corte Suprema para intentar revertir el fallo. Esto se debe a que, según el propio alcalde, la indemnización ordenada representa una carga significativa para los recursos del municipio.
Implicaciones y Lecciones Aprendidas
Este caso pone de manifiesto la importancia de seguir los procedimientos legales y laborales adecuados al momento de tomar decisiones sobre el personal municipal. La Corte de Apelaciones ha dejado en claro que las justificaciones para despedir a un funcionario deben ser sólidas y estar debidamente sustentadas, de lo contrario, el municipio puede enfrentar consecuencias legales y económicas.
Además, este episodio resalta la necesidad de que las administraciones locales fortalezcan sus procesos de gestión de recursos humanos, a fin de evitar situaciones que puedan derivar en demandas y sanciones. La transparencia, el respeto a los derechos laborales y la adecuada documentación de los procesos de contratación y desvinculación serán clave para prevenir este tipo de conflictos en el futuro.
