La Fiscalía de Antofagasta ha formalizado a la tesorera del Hospital Regional de Antofagasta por los delitos de malversación de caudales públicos y lavado de activos. Según las investigaciones, la funcionaria se habría apropiado de una cifra cercana a los 120 millones de pesos durante un periodo determinado, abusando y aprovechándose de su cargo.
De acuerdo a lo expuesto por el fiscal jefe Cristian Aguilar Aranela, la imputada habría realizado diversas maniobras para sustraer dineros provenientes de las cajas recaudadoras del hospital, así como también recursos de las pensiones de los pacientes críticos del Servicio de Psiquiatría. Para ocultar el origen ilícito de estos fondos, la tesorera los habría depositado en su cuenta RUT del Banco Estado y posteriormente transferido a una cuenta vista del Banco de Chile, para luego utilizarlos en el pago de tarjetas de crédito, gastos personales, créditos de consumo y diversos viajes con familiares.
Reconocimiento de los Hechos y Medidas Cautelares
Según el fiscal, los hechos fueron reconocidos por la tesorera tanto en su declaración ante funcionarios del hospital como ante personal de la Policía de Investigaciones (PDI), y fueron constatados mediante los arqueos realizados a las cajas del establecimiento, donde se descubrió la falta del dinero.
La Fiscalía solicitó la medida cautelar de prisión preventiva por peligro para la seguridad de la sociedad, sin embargo, el tribunal optó por imponer medidas menos intensas, como el arresto domiciliario total y el arraigo nacional. Cabe destacar que la PDI realizó diversas técnicas investigativas, como la toma de declaración a testigos e imputada, además del análisis de las cuentas bancarias.
Investigación en Curso
El Juzgado de Garantía dispuso un plazo de 150 días de investigación, periodo en el cual la Fiscalía de Antofagasta y la PDI realizarán distintas diligencias relacionadas con los hechos denunciados. Este caso pone de manifiesto la importancia de la transparencia y el control en el manejo de los fondos públicos, así como la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas en las instituciones de salud.
