En un golpe a la corrupción en el sector público, Juan Francisco Meza Contreras, exdirector del Departamento de Obras Municipales de Pelluhue, ha sido condenado a cinco años de prisión por falsificación de documentos públicos. Durante su cargo, Meza emitió certificados falsos que facilitaron la subdivisión irregular de terrenos en el sector de Mariscadero, permitiendo transferencias a pesar de incumplir la normativa de urbanismo.
El caso surgió tras una denuncia interna desde la Municipalidad de Pelluhue, lo que impulsó al Ministerio Público a realizar investigaciones a través de la PDI de Cauquenes. Estas diligencias comprobaron que entre 2018 y 2019, Meza entregó documentación irregular que permitió la subdivisión de terrenos de menos de 5.000 metros cuadrados en áreas rurales, contraviniendo la Ley de Urbanismo.
Sentencia Condenatoria y Próximos Pasos
El Juzgado de Garantía de Chanco dictó una sentencia condenatoria de cinco años de presidio menor en su grado máximo, aunque Meza recibió el beneficio de libertad vigilada. Según el fiscal jefe de Cauquenes, Francisco Ávila, este caso también implica a otros 10 imputados, para quienes ya se han presentado acusaciones y se espera un próximo juicio.
Ávila detalló que estos certificados, emitidos intencionalmente falsos, permitieron la subdivisión y posterior venta de terrenos bajo el mínimo legal. Con esta sentencia, se busca reforzar el cumplimiento de la probidad en cargos públicos y asegurar la integridad de la normativa urbanística.
Importancia de la Transparencia y el Estado de Derecho
Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener altos estándares de integridad y transparencia en el sector público. Los funcionarios deben rendir cuentas por sus acciones y respetar las leyes y regulaciones establecidas, en lugar de abusar de su posición para beneficio personal o de terceros.
La sentencia condenatoria contra el exdirector de Obras Municipales de Pelluhue envía un mensaje claro: la corrupción en el sector público no será tolerada. Este tipo de casos fortalece la confianza de la ciudadanía en las instituciones y demuestra el compromiso de las autoridades por hacer cumplir la ley y preservar el Estado de Derecho.
