Escándalo en la Corte Suprema: Ministra Ángela Vivanco Destituida por Conducta Inapropiada

En una decisión sin precedentes, la Corte Suprema de Justicia ha firmado la sentencia que establece la remoción de la Ministra Ángela Vivanco Martínez de su cargo. Este fallo, que confirma la decisión adoptada el pasado 10 de octubre, se basa en un grave incumplimiento de sus funciones y una conducta que se aparta de los principios de independencia y transparencia que deben regir el Poder Judicial.

Antecedentes del Caso

El proceso para evaluar la remoción de Vivanco se inició con la apertura de un cuaderno administrativo el 9 de septiembre de 2024. Según los antecedentes, la Comisión de Ética del tribunal entregó datos considerados serios y graves, que afectan los principios de independencia, imparcialidad, probidad, integridad y transparencia que rigen al Poder Judicial.

Argumentos de la Defensa y Decisión Final

La defensa de Vivanco argumentó que se vulneraron derechos fundamentales en el proceso, denunciando la falta de debido proceso, ausencia de imparcialidad y uso de prueba ilícita. Sin embargo, la Corte Suprema rechazó dichas alegaciones, sosteniendo que los términos de las conversaciones exceden lo esperable en la relación juez-abogado.

Finalmente, el tribunal determinó que Vivanco no ha tenido un buen comportamiento en el ejercicio de sus funciones y, en consecuencia, se acuerda su remoción de cargo como ministra de la Corte Suprema de Justicia. La sentencia enfatiza que la independencia y transparencia judicial deben primar en el actuar de la magistratura, y que el Poder Judicial debe estar libre de influencias.

Conclusión

Este fallo histórico de la Corte Suprema envía un mensaje claro sobre la importancia de la integridad y la ética en el Poder Judicial. La destitución de la Ministra Ángela Vivanco por conducta inapropiada representa un hito en la lucha por mantener la independencia y transparencia que deben caracterizar a la administración de justicia en nuestro país.

Este caso servirá como un precedente importante para garantizar que los miembros de la Corte Suprema y del Poder Judicial en general cumplan cabalmente con sus funciones y se mantengan alejados de cualquier influencia indebida. La sociedad espera que este tipo de decisiones fortalezcan la confianza en el sistema judicial y contribuyan a una administración de justicia más íntegra y transparente.