Expulsión de Extranjeros Delincuentes: Gobierno Toma Medidas Drásticas para Mantener la Seguridad

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Gobierno de Chile Expulsa a 56 Extranjeros Delincuentes

En un esfuerzo por mantener la seguridad pública y hacer cumplir la ley, el Gobierno de Chile ha confirmado la expulsión de 56 extranjeros que cometieron delitos graves en el país. Este es el décimo quinto vuelo chárter de expulsiones realizado durante el mandato del presidente Gabriel Boric, lo que demuestra el compromiso del Gobierno con la lucha contra la delincuencia y la protección de los ciudadanos chilenos.

Delitos Cometidos por los Extranjeros Expulsados

Los 56 extranjeros expulsados fueron condenados por una variedad de delitos graves, incluyendo abuso sexual, robo con intimidación, robo con violencia, tenencia de armas, fraude y tráfico ilícito de drogas. Estas expulsiones se dividen en 24 expulsiones judiciales y 32 expulsiones administrativas, estas últimas dictadas por el Servicio Nacional de Migraciones.

Endurecimiento de la Política Migratoria

Según el Servicio Nacional de Migraciones, con los ajustes a la nueva Ley de Migraciones aprobados por el Congreso, se ha permitido retomar el volumen de expulsiones administrativas de años anteriores. De hecho, el Gobierno espera terminar el 2024 con un número de expulsiones administrativas superior a los últimos seis años, lo que demuestra su determinación por mantener el control y la seguridad en el país.

Reducción del Hacinamiento Carcelario

Además, el Gobierno ha presentado un proyecto de ley que busca expulsar a personas condenadas a penas inferiores a cinco años y un día por delitos asociados al tráfico de drogas. Esta iniciativa tiene como objetivo reducir el hacinamiento en las cárceles, lo que beneficiaría tanto a la población carcelaria como a la sociedad en general.

Conclusión

El Gobierno de Chile ha tomado medidas drásticas pero necesarias para expulsar a los extranjeros que han cometido delitos graves en el país. Estas acciones forman parte de una política migratoria más estricta que busca garantizar la seguridad pública y mantener el control de la delincuencia. Con la aplicación de la nueva Ley de Migraciones y el proyecto de ley para reducir el hacinamiento carcelario, el Gobierno demuestra su compromiso con la protección de los ciudadanos chilenos y el fortalecimiento del Estado de Derecho.

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