Escándalo ProCultura: Republicanos Presentan Querella Criminal Apuntando a Boric y Orrego
En medio de la investigación del Ministerio Público por presuntas irregularidades que involucran a la Fundación ProCultura, en el marco del denominado caso Convenios, diputados republicanos presentaron una querella criminal contra el cofundador de la ONG, Alberto Larraín, en medio de duras críticas tanto al presidente Gabriel Boric, como al gobernador metropolitano, Claudio Orrego.
Según el documento presentado por los parlamentarios Juan Irarrázaval y Agustín Romero ante el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago, se acusaron graves irregularidades en el millonario convenio entre la Gobernación Metropolitana (GORE RM) y la Fundación ProCultura, que superó los $1.683.780.000.
"Resulta evidente que en ningún momento existió un debido control sobre los fondos públicos. Ya el mero hecho de entregar -mediante un único giro- la totalidad de los dineros al inicio de los servicios, demuestra que se permitió dolosamente la defraudación por parte de ProCultura"
Según acusó el diputado Juan Irarrázaval, como querellantes, entre las divisiones y declaración de secreto que se acaba de prorrogar, de las carpetas investigativas sobre Procultura, hemos estado todo este lapso en completo vilo, como todo el país por lo demás, no teniendo noticia alguna respecto de los avances de las distintas aristas si no fuere por las filtraciones de la prensa
.
Agustín Romero, otro de los diputados que presentó la querella, aseguró que lo que ocurrió bajo la administración de Claudio Orrego es un escándalo de proporciones
. No solo se adjudicaron más de 1.600 millones de pesos para una fundación incapaz de cumplir con sus obligaciones, sino que esta decisión revela una falta de transparencia y una permisividad alarmante frente al mal uso de los recursos públicos
, fustigó.
Conclusión
La querella presentada por los legisladores republicanos representa un nuevo capítulo en el escándalo que rodea a la Fundación ProCultura y sus presuntas irregularidades. Con acusaciones de fraude al fisco y complicidad por parte de las más altas esferas del gobierno, este caso promete seguir generando controversia y debate en torno al manejo de los fondos públicos y la transparencia de las instituciones.
Será tarea de los tribunales de justicia determinar si las acusaciones presentadas tienen fundamento y si se logra establecer responsabilidades en este complejo entramado de supuestas irregularidades.
