Protegiendo la Seguridad Rural: Parlamentarios Impulsan Medidas Contundentes Contra el Crimen
En un esfuerzo por abordar el creciente problema de la inseguridad en las áreas rurales, un grupo de parlamentarios de comunas rurales ha anunciado una agenda conjunta que busca fortalecer la protección de la actividad agrícola, la infraestructura crítica y las comunidades del campo. Esta iniciativa surge como respuesta al aumento de la criminalidad y los actos de violencia que amenazan la conectividad y el abastecimiento en las zonas rurales.
Endurecimiento de Penas y Protección de Infraestructura Crítica
Entre las principales propuestas de esta agenda legislativa se encuentra el aumento de las penas para los delitos que impacten gravemente la conectividad o el suministro en las áreas rurales. Además, buscan sancionar con mayor rigor el robo de insumos agropecuarios y otros delitos contra la propiedad que afectan directamente la actividad agrícola.
Asimismo, los parlamentarios han propuesto declarar los centros de abastecimiento agropecuario como infraestructura crítica, lo que permitiría otorgarles una mayor protección. Por otro lado, solicitan que se incluya a los Comités de Agua Potable Rural en los consejos de seguridad, para asegurar que las necesidades de las comunidades rurales se tomen en cuenta en las políticas de seguridad.
Llamado a las Autoridades Nacionales
La parlamentaria Carla Morales ha subrayado la importancia de coordinar esfuerzos para proteger las zonas rurales, señalando que es fundamental tomar acciones e incorporar medidas como mayor tecnología y herramientas que permitan proteger actividades esenciales como la agricultura, pero también aumentar la penalidad para este tipo de delitos.
Además, Morales ha hecho un llamado a las autoridades nacionales a no centrarse únicamente en la Región Metropolitana al diseñar medidas de seguridad, destacando que la Región de O’Higgins ha sido escenario de violentos hechos delictivos que antes no eran comunes en la zona.
Conclusión
Esta iniciativa parlamentaria representa un paso crucial en la protección de las comunidades rurales y la salvaguarda de la actividad agrícola, que desempeña un papel fundamental en la economía y el abastecimiento del país. Al implementar medidas como el endurecimiento de penas y la declaración de infraestructura crítica, los legisladores buscan enviar un mensaje claro a las organizaciones criminales: la seguridad de las zonas rurales es una prioridad y se tomarán todas las acciones necesarias para garantizar la protección de estos espacios vitales.
