Diputados Denuncian Maniobra Desleal de Defensa de Ministra Vivanco para Inhabilitar a 62 Parlamentarios

En un giro inesperado en el proceso de Acusación Constitucional contra la ministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, los diputados Luis Cuello y Alejandra Placencia han presentado una denuncia ante la comisión revisora, tachando como un acto de mala fe la solicitud de la defensa de Vivanco para inhabilitar a 62 parlamentarios, incluidos ellos mismos.

Según explica el diputado Cuello, en su presentación exponen argumentos jurídicos relacionados con la pretensión de la defensa de la suspendida ministra sobre un supuesto deber de imparcialidad de los parlamentarios. Cuello afirma que la defensa omite de forma maliciosa normas constitucionales y legales, citando únicamente normas infralegales, reglamentarias, para exponer un argumento que carece de todo fundamento.

Por su parte, la diputada Placencia expone que esta situación le hace mal a nuestra democracia, ya que se está intentando impedir que los parlamentarios puedan ejercer y emitir libremente su opinión política sobre los antecedentes ampliamente conocidos y difundidos en los medios de comunicación. Placencia considera que acá se está ejerciendo un derecho que tienen los parlamentarios y parlamentarias de presentar acusaciones constitucionales, en este caso contra la ministra Vivanco, y que la defensa ha argumentado de manera maliciosa.

Este nuevo capítulo en el proceso de Acusación Constitucional contra la ministra Vivanco pone de manifiesto la tensión y las maniobras estratégicas que se están llevando a cabo en torno a este caso de alto impacto político y judicial. Los diputados denuncian una clara intención de obstruir el debido proceso y el ejercicio legítimo de las funciones parlamentarias.

Conclusión

La denuncia presentada por los diputados Cuello y Placencia evidencia una preocupante situación en la que la defensa de la ministra Vivanco parece estar actuando de manera desleal y con mala fe para intentar inhabilitar a un número significativo de parlamentarios que participan en la Acusación Constitucional en su contra. Este hecho pone en jaque la imparcialidad y la transparencia del proceso, y genera dudas sobre la integridad del sistema democrático.

Es fundamental que las instituciones correspondientes investiguen a fondo estas acusaciones y tomen las medidas necesarias para garantizar que el proceso se desarrolle de manera justa, equitativa y apegada a la ley. La ciudadanía merece respuestas claras y una resolución que fortalezca la confianza en nuestras instituciones.