Escándalo en los Casinos: Gobierno Revela Pruebas Contundentes de Colusión

En un sorprendente giro de los acontecimientos, el Gobierno de Chile ha revelado que posee evidencia contundente de una presunta colusión entre las principales empresas de casinos del país. Según las acusaciones presentadas por la Fiscalía Nacional Económica (FNE), las compañías Dreams, Enjoy y Marina del Sol se habrían coordinado para afectar los resultados de las licitaciones realizadas por la Superintendencia de Casinos de Juego (SCJ) en 2020 y 2021.

El Ministro de Economía, Nicolás Grau, ha sido enfático al señalar que la FNE ha presentado muy buenos antecedentes sobre lo que sería una coordinación entre las tres empresas para determinar quién participaría en cada licitación, con el objetivo de evitar una competencia real y obtener mayores beneficios a costa del Estado y las instituciones regionales y comunales que reciben recursos de los casinos.

Pruebas Irrefutables de Colusión

Según Grau, la evidencia recopilada por la FNE es totalmente contundente. Esto incluye conversaciones de WhatsApp, registros de computadoras y, incluso, la confesión de una de las empresas involucradas (Marina del Sol) a cambio de evitar sanciones.

El Ministro ha sido claro al afirmar que esta situación es sumamente grave, ya que cuando alguien hace un comportamiento de este tipo, daña las instituciones, y por tanto es relevante que las sanciones sean fuertes.

Consecuencias Legales y Económicas

La FNE ha solicitado al Tribunal de Defensa de la Libre Competencia (TDLC) que se impongan las multas más altas en la historia del organismo, alcanzando los 171.354 UTA o US$151,9 millones, tanto a las empresas como a tres directivos de Dreams y uno de Enjoy.

Además, Grau ha advertido que esta presunta colusión puede implicar consecuencias penales una vez finalice el proceso legal. Esto demuestra la gravedad del caso y la determinación del Gobierno por sancionar severamente a quienes hayan incurrido en estas prácticas ilegales.

Conclusión

El escándalo de colusión en el sector de los casinos de Chile ha sacudido los cimientos de la industria y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de control y transparencia en las licitaciones públicas. El Gobierno ha dejado claro que no tolerará este tipo de comportamientos y que está dispuesto a aplicar sanciones ejemplares para proteger la integridad de las instituciones y los intereses del Estado y la ciudadanía.

Este caso representa un importante desafío para la lucha contra la corrupción y la defensa de la libre competencia en Chile, y servirá como un precedente para futuras acciones legales y regulatorias en el sector de los juegos de azar.