Enfrentando la Violencia: Ecuador Declara Estado de Excepción en Quito y Seis Provincias

En un intento por contener la escalada de violencia y la actividad de las bandas criminales, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, ha declarado un nuevo estado de excepción por 60 días que abarca la capital Quito y seis de las 24 provincias del país.

Este nuevo estado de excepción incluye las provincias de Guayas, donde se encuentra la ciudad más poblada de Ecuador, Guayaquil; Los Ríos, El Oro, Manabí, Santa Elena y Orellana, así como el cantón de Camilo Ponce Enríquez, en la provincia de Azuay, un enclave minero que ha sido objeto de disputa entre diferentes grupos delictivos.

Medidas Excepcionales para Combatir la Violencia

Según el decreto presidencial, el objetivo de esta medida es contrarrestar la actividad de las bandas criminales y coadyuvar el accionar de las Fuerzas Armadas para mantener la soberanía y la integridad del Estado, y de la Policía Nacional en seguridad ciudadana, protección interna y orden público.

En las zonas abarcadas por este estado de excepción, quedan suspendidos los derechos de inviolabilidad del domicilio y de la correspondencia, así como la libertad de reunión. Además, se establece un toque de queda de 22:00 a 5:00 en algunas de las localidades con mayores índices de criminalidad y presencia de bandas delincuenciales organizadas.

Cifras Alarmantes de Homicidios

Ecuador se ha convertido en el primer país de Latinoamérica en homicidios per cápita, con una tasa de 47,2 por cada 100.000 habitantes en 2023, ocho veces mayor respecto a 2016, producto del auge de la violencia de los grupos criminales, principalmente dedicados al narcotráfico y la minería ilegal.

Ante esta situación, el gobierno de Noboa ha elevado la lucha contra el crimen organizado a la categoría de «conflicto armado interno», lo que le permite catalogar a estas bandas como grupos terroristas y actores beligerantes no estatales.

Conclusión

La declaración del nuevo estado de excepción en Quito y seis provincias de Ecuador es una medida drástica, pero necesaria, para hacer frente a la escalada de violencia y la actividad de las bandas criminales que han convertido al país en el primero de Latinoamérica en homicidios per cápita. Estas acciones excepcionales buscan restablecer la seguridad y el orden público, y proteger la soberanía y la integridad del Estado ecuatoriano.