Exgeneral Ricardo Yáñez Defiende su Actuación Durante el Estallido Social: ¿Justicia Injusta o Realidad Compleja?

La formalización contra el exgeneral director de Carabineros, Ricardo Yáñez, su antecesor Mario Rozas y el exsubdirector Diego Olate, ha generado una intensa controversia. Yáñez, en particular, ha salido a defender su gestión durante el estallido social de 2019, calificando la formalización como absolutamente injusta y absurda.

Una Situación de Violencia sin Precedentes

Según Yáñez, Carabineros enfrentó una situación de mayor violencia desde la vuelta a la democracia. Afirma que se nos pidió algo que era imposible de controlar con los medios disponibles, refiriéndose a los recursos proporcionados por el Estado para hacer frente a los disturbios.

El exgeneral destaca los graves hechos ocurridos durante esos meses, señalando que no solo la seguridad pública estuvo en riesgo, sino también la democracia y la vida de muchas personas, incluidos los propios carabineros. Detalla que cerca de 5.000 carabineros fueron heridos, más de 540 ataques a cuarteles y más de 16.000 eventos graves ocurrieron en esos 165 días de violencia.

Defensa de la Actuación de Carabineros

Yáñez argumenta que la formalización no refleja la realidad de lo que ocurrió durante el estallido social. Afirma que Chile se incendió, se destruyó el patrimonio del Metro y el mobiliario público, y nuestros carabineros trabajaron jornadas de más de 18 horas.

Finalmente, subraya que los ataques no fueron manifestaciones pacíficas, sino actos violentos contra la institucionalidad. Concluye que Carabineros fue la única institución en la calle para resguardar no solo la democracia, sino también el Estado de derecho.

Conclusión: ¿Justicia Injusta o Realidad Compleja?

La defensa de Ricardo Yáñez plantea una perspectiva interesante sobre los desafíos que enfrentó Carabineros durante el estallido social. Si bien la formalización en su contra puede parecer injusta y absurda desde su punto de vista, es evidente que la situación fue extremadamente compleja y desafiante para la institución. La evaluación de su actuación y la determinación de responsabilidades requerirá un análisis exhaustivo y equilibrado de todos los hechos y circunstancias.

En última instancia, la justicia deberá determinar si las acciones de Yáñez y sus colegas fueron adecuadas y proporcionales a la gravedad de los eventos, o si hubo negligencia o excesos que merecen ser sancionados. Este caso pone de manifiesto la necesidad de una mirada profunda y objetiva sobre el papel de las fuerzas de seguridad durante situaciones de crisis social y política.