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Escalofriante Homicidio en Comunidad Indígena: Juzgado Fija Plazo de Investigación

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Escalofriante Homicidio en Comunidad Indígena: Juzgado Fija Plazo de Investigación

Escalofriante Homicidio en Comunidad Indígena: Juzgado Fija Plazo de Investigación

En un hecho que ha conmocionado a la comunidad de Cañete, el Juzgado de Garantía de la ciudad ha decretado un plazo de cuatro meses para la investigación de un homicidio calificado ocurrido en la comunidad indígena Nicolás Calbullanca.

Los Hechos Escalofriantes

Según la acusación presentada por la fiscalía, los hechos ocurrieron el 17 de diciembre de 2022, en horas de la madrugada, en la Ruta P 72-S. Los hermanos Tomás Daniel Antihuén Santi y Yeferson Alexander Antihuén Santi abordaron a la víctima, Tomás Figueroa Godoy, pareja de su hermana Karen Antihuén Santi, cuya relación no aceptaban. Además, los hermanos culpaban a Figueroa por daños causados a una camioneta.

Los agresores golpearon brutalmente a Figueroa hasta dejarlo inconsciente, pese a los intentos de Karen Antihuén por detener el ataque. Finalmente, Yeferson Antihuén le disparó en la frente con un fusil, causándole la muerte por un traumatismo cerebral. Posteriormente, ambos hermanos huyeron del lugar llevándose el arma utilizada en el crimen.

Audiencia y Proceso Judicial

En la audiencia celebrada el miércoles 25 de septiembre, el magistrado Cristián Rosenberg de la Fuente aceptó la petición del Ministerio Público respecto al plazo de la investigación (causa rol 1.113-2024), sin que la defensa se opusiera. No se solicitaron medidas cautelares contra los imputados, ya que Yeferson Antihuén Santi permanece en prisión preventiva por otro caso de homicidio calificado de tres efectivos de Carabineros (causa rol 1.522-2024). Mientras tanto, su hermano Tomás Antihuén Santi continúa prófugo, con una orden de detención vigente.

Conclusión

Este escalofriante caso ha conmocionado a la comunidad de Cañete y pone de manifiesto la necesidad de una investigación exhaustiva y una justicia que brinde respuestas a las víctimas y a la sociedad. El Juzgado de Garantía ha tomado la decisión de otorgar un plazo de cuatro meses para la investigación, lo que espera permitir esclarecer los hechos y llevar a los responsables ante la justicia.

Cabe destacar que este tipo de crímenes violentos en comunidades indígenas son un problema que requiere de una atención especial y de políticas públicas efectivas para prevenir y abordar estas situaciones de manera integral.

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