Periodistas Amenazadas por Funa: Un Caso Judicial Que Sacude los Cimientos de la Libertad de Prensa
En un giro inesperado, el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago ha formalizado la investigación contra Camila Ponce Rojas (34 años), imputada por el delito de amenazas cometido en 2021 contra dos periodistas que, en ese momento, trabajaban para el medio Bío Bío. Este caso ha generado una gran conmoción, pues pone en tela de juicio la protección de la libertad de informar, un derecho fundamental en una sociedad democrática.
Las Amenazas y la Funa a las Periodistas
Todo comenzó con la publicación de una noticia en el sitio web de Bío Bío, el 19 de julio de 2021, titulada Corte de Apelaciones decidirá libertad de imputado por lanzar molotov a Carabineros en Santiago. Este artículo, que informaba sobre un caso relacionado con el estallido social, desencadenó una reacción violenta por parte de la imputada.
Según la querella presentada, Camila Ponce Rojas recurrió a las redes sociales y a la colocación de afiches en las afueras del Palacio de Tribunales para amenazar y denigrar a las periodistas Daniela Forero-Ortiz y Tamara Rojas, cuyas imágenes y nombres completos fueron expuestos.
La Negativa a Dar Disculpas Públicas
Cuando se le ofreció a la imputada la posibilidad de una salida alternativa, esta se negó rotundamente a dar disculpas públicas. Esta decisión llevó a que el proceso judicial siguiera su curso, con la Fiscalía Metropolitana Centro Norte a cargo de la investigación.
La Importancia de Proteger la Libertad de Prensa
Para el abogado querellante, Alejandro Espinoza, este caso es de la mayor importancia para la protección de la libertad de informar, un derecho garantizado constitucionalmente y pilar esencial de un estado democrático. La formalización de la investigación contra Camila Ponce Rojas se considera una potente señal en defensa de este principio fundamental.
Conclusión: Defendiendo la Libertad de Prensa
Este caso pone de manifiesto la necesidad de salvaguardar la libertad de prensa y el derecho de los periodistas a informar sin temor a represalias. La negativa de la imputada a ofrecer disculpas públicas y su posterior formalización por amenazas a las comunicadoras de Bío Bío resalta la importancia de proteger a quienes ejercen esta labor fundamental en una sociedad democrática.
