Corte Suprema Advierte sobre Riesgos de Ley contra el Crimen Organizado: Un Análisis Crítico
En un movimiento que ha generado gran interés y debate, la Corte Suprema de Chile ha presentado un informe exhaustivo sobre el proyecto de ley que busca fortalecer la lucha contra el crimen organizado en el país. Este análisis, discutido el 2 de septiembre de 2024 y remitido al Senado al día siguiente, ha puesto de manifiesto una serie de preocupaciones y recomendaciones que merecen ser examinadas detenidamente.
El Proyecto de Ley: Objetivos y Preocupaciones
El proyecto de ley en cuestión propone un nuevo estatuto de prevención y persecución de actividades delictivas atribuibles a organizaciones criminales. Sin embargo, la Corte Suprema ha advertido sobre los riesgos que las medidas planteadas pueden generar si no se ajustan adecuadamente.
Derechos Fundamentales en Riesgo
En su informe, la Corte Suprema subraya que las medidas preventivas y sanciones, como penas accesorias, pueden imponerse sin garantías procesales adecuadas
. Este hecho, según la Corte, amenaza la presunción de inocencia y los principios de igualdad y legalidad, afectando potencialmente a personas que no han sido formalizadas.
Además, la Corte critica el enfoque del proyecto hacia un modelo de derecho penal que podría implicar castigos para terceros, como familiares o convivientes de los acusados. Este aspecto se considera incompatible con los principios del derecho penal moderno.
Recomendaciones de la Corte Suprema
Ante estas preocupaciones, la Corte Suprema recomienda realizar ajustes significativos para garantizar que las medidas sean implementadas solo cuando sea estrictamente necesario y respetando siempre los derechos humanos. En palabras de la Corte, Sería recomendable realizar ajustes fundamentales al proyecto para asegurar que cualquier medida implementada esté firmemente basada en la necesidad, la proporcionalidad y el respeto por los derechos fundamentales
.
Conclusión: Equilibrio entre Seguridad y Derechos
El informe de la Corte Suprema sobre el proyecto de ley contra el crimen organizado ha puesto de manifiesto la necesidad de encontrar un equilibrio delicado entre la seguridad pública y la protección de los derechos fundamentales. Si bien el objetivo de combatir el crimen organizado es loable, la Corte ha señalado que algunas de las medidas propuestas podrían resultar en un tratamiento desproporcionado y arbitrario. Es crucial que los legisladores tomen en cuenta estas observaciones y realicen los ajustes necesarios para garantizar que la ley se implemente de manera justa y respetuosa de los derechos humanos.
