Escándalo en el Poder Judicial: Ministra Tohá Exige Inhabilitación de Juez que Liberó a Peligrosa Banda de Narcotraficantes
En un hecho que ha generado indignación y preocupación en la opinión pública, la ministra del Interior, Carolina Tohá, expresó su rechazo a la decisión del Juzgado de Garantía de Ovalle de conceder libertad bajo fianza a los integrantes de una organización criminal, acusados de poseer 1.600 kilos de marihuana procesada, armas de fuego y $280 millones en efectivo.
Según Tohá, estos individuos debieron haber quedado en prisión preventiva desde el inicio por la gravedad de los delitos cometidos. La secretaria de Estado señaló que el operativo policial realizado por la Policía de Investigaciones (PDI) había logrado la detención de los 23 miembros de la banda y la incautación de dos revólveres, una escopeta y una subametralladora.
Cuestionamiento a la Decisión Judicial
Sin embargo, a pesar de estos antecedentes, el juez Luis Muñoz Caamaño decidió imponer una fianza de $2 millones para cada uno de los detenidos, una medida que ha generado controversia y preocupación por los riesgos que implica para la seguridad pública.
Tohá fue enfática al señalar que estas personas están claramente vinculadas a delitos graves, y la presencia de armas es un indicador categórico de la violencia con la que operan. Además, criticó duramente la decisión del tribunal, afirmando que la Fiscalía ya ha apelado y afortunadamente la apelación fue acogida, por lo que los imputados deberán volver a prisión preventiva.
Evaluación del Actuar del Juez y Posible Inhabilitación
La ministra también informó que los equipos jurídicos del Gobierno están evaluando solicitar la inhabilitación del juez Muñoz. Según Tohá, el planteamiento que él hizo sobre la prisión preventiva muestra que no tiene mucha confianza en la investigación, que para nosotros es de delitos muy graves.
El objetivo final es garantizar que el proceso continúe sin más complicaciones, asegurando que los acusados no se fuguen y que se logre una condena efectiva. Tohá ha dejado claro que el Gobierno no tolerará decisiones judiciales que pongan en riesgo la seguridad de la ciudadanía.
Conclusión
Este caso ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer la coordinación entre los poderes del Estado y de garantizar que los jueces actúen con la debida diligencia y responsabilidad al momento de tomar decisiones que afectan la seguridad pública. La ministra Tohá ha demostrado su determinación para exigir cuentas y evitar que se repitan este tipo de situaciones.
