Escándalo en el Ministerio de Vivienda: Grupo Patio acusado de saltarse procesos para millonario proyecto
En un giro inesperado, el Ministro de Vivienda, Carlos Montes, ha ordenado una investigación sumaria sobre las aprobaciones otorgadas al Grupo Patio durante la administración anterior. Según los datos revelados en los medios de comunicación, parece que el abogado Luis Hermosilla habría realizado supuestas operaciones para destrabar un millonario negocio del Grupo Patio, saltándose presuntamente el orden de ingreso.
Recogiendo y procesando toda la información
El Ministro Montes ha asegurado que la Secretaría Regional Ministerial de la región Metropolitana está recogiendo y procesando toda la información sobre las aprobaciones otorgadas al proyecto Parque Capital del Grupo Patio, con el objetivo de determinar si hubo transgresiones a la norma.
Montes ha informado que ya cuentan con pre informes y que procederán a decretar una investigación sumaria. Esto con el fin de ver si hay o no posibles delitos o posibles transgresiones a la norma.
400 hectáreas y un proyecto aprobado que no cumplió con todos los trámites
Según el Ministro, el proyecto Parque Capital del Grupo Patio abarcaba 400 hectáreas, de las cuales 162 hectáreas tuvieron un proyecto aprobado por la DOM de Lampa, pero que finalmente no cumplió con todos los trámites.
Aceleración de trámites durante la administración anterior
Los nuevos antecedentes apuntan a que, cuando Hermosilla era asesor del Ministerio del Interior, logró que el Ministerio de Vivienda, liderado en ese entonces por Felipe Ward, tramitara en apenas dos meses y medio documentos que pueden tardar hasta dos años. Esto con el fin de que el Grupo Patio pudiera edificar en una zona rural en Lampa.
Conclusión: Transparencia y rendición de cuentas
Esta investigación sumaria ordenada por el Ministro Montes es un claro llamado a la transparencia y la rendición de cuentas en el sector inmobiliario. Es fundamental que se esclarezcan los hechos y se determinen las responsabilidades, si las hubiere, para garantizar la legalidad y la ética en los procesos de aprobación de proyectos de esta envergadura. La ciudadanía espera respuestas y confía en que las instituciones actuarán con la debida diligencia.
