Desenmascarando el Dinero Sucio: Proyecto Busca Acreditar el Origen Lícito de Fondos para Reemplazar la Prisión Preventiva

En un esfuerzo por combatir el uso de fondos provenientes de actividades delictivas, un proyecto de ley ha sido presentado con el objetivo de exigir la acreditación del origen lícito del dinero utilizado para reemplazar la prisión preventiva y financiar los honorarios de abogados en casos de delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.

El diputado de Renovación Nacional, Gonzalo Fuenzalida, es el autor de esta iniciativa, que busca evitar que las ganancias obtenidas a través de actos delictuales sean utilizadas para estos fines, especialmente tratándose de delitos de tráfico de drogas o hechos vinculados al crimen organizado.

Cuestionamientos Públicos y Casos Emblemáticos

El legislador señala que el reemplazo de la prisión preventiva ha sido objeto de cuestionamientos por parte de la opinión pública, sobre todo cuando se trata de delitos cometidos por miembros de organizaciones criminales. Esto se evidencia en casos como el ocurrido en el norte del país, donde la magistrada del Juzgado de Garantía de Los Vilos sustituyó la cautelar de mayor intensidad a cambio de una caución de $5.000.000, en el caso de cinco integrantes del Tren de Aragua, que estaban siendo investigados por delitos como secuestro agravado, robo con intimidación y asociación ilícita.

Según Fuenzalida, el reproche no solo se originó por la decisión de sustituirla sin que se acreditara un cambio en los presupuestos materiales y la necesidad de cautela que inicialmente justificaron su dictación, además de la poca preparación del abogado asistente de la fiscalía, sino que el mismo caso abrió un debate en torno a la licitud del dinero que es destinado al pago de la caución económica determinada por el juez.

Garantizando la Legalidad de los Recursos Involucrados

El diputado sostiene que el régimen aplicable en esta materia requiere mayores requisitos para garantizar la legalidad de los recursos involucrados, ya que el ordenamiento penal necesariamente debe reaccionar con herramientas efectivas para asegurar la procedencia legal del dinero destinado a la caución económica y los honorarios de abogados.

Esto se extiende también al financiamiento de los honorarios de abogados que asuman la defensa letrada de los imputados, en el caso de delitos de la ley Nº20.000 o integrantes de asociaciones criminales, ya que también podría configurarse un cuestionamiento respecto del origen del financiamiento.

Conclusión: Avanzando hacia la Transparencia y la Justicia

Con este proyecto de ley, se busca evitar que las ganancias obtenidas a través de actos delictuales sean utilizadas para estos fines y seguir avanzando en la misma línea de las últimas iniciativas aprobadas en materia de comiso. De esta manera, se espera garantizar la legalidad de los recursos involucrados y proteger el interés de toda la sociedad, especialmente en lo que respecta a delitos relacionados con el narcotráfico y el crimen organizado.