Explosión de Bombas de Ruido en Centros Comerciales: Fiscalía Busca Sanciones Severas
La tranquilidad de los habitantes del Gran Concepción se vio perturbada el año pasado por una serie de explosiones de bombas de ruido en tres de los principales centros comerciales de la región. Ahora, después de una exhaustiva investigación, la Fiscalía se prepara para tomar una decisión crucial sobre el futuro del imputado, Celso Jiménez, quien cumple arresto domiciliario.
Fin de la Investigación y Acusación Inminente
Según lo comunicado oficialmente por el Ministerio Público, la investigación por las bombas de ruido ha llegado a su fin. Ahora, el fiscal Jorge Lorca tiene un plazo de 10 días para formular la acusación contra Celso Jiménez.
En una breve audiencia en el Juzgado de Garantía de Concepción, la Fiscalía confirmó que no quedan diligencias pendientes y que el plazo de investigación ha concluido. Esto significa que el fiscal deberá tomar una decisión: llevar al imputado a juicio oral o formular un requerimiento de procedimiento abreviado.
Sanciones Drásticas en Busca de Justicia
La delegada Presidencial del Bío Bío, Daniela Dresdner, ha expresado que, como querellantes, están buscando que se apliquen las sanciones más drásticas posibles para este caso de extrema gravedad
. Esto significa que, de optar por un juicio oral, la Fiscalía solicitaría penas superiores a los 5 años de cárcel.
Por otro lado, si se llegara a un procedimiento abreviado, en el que el imputado reconociera los hechos, la sanción sería menor y con la posibilidad de ser cumplida en libertad. Sin embargo, la delegada presidencial no descartó esta opción, dejando que sea evaluada por quienes intervienen en el proceso judicial.
Conclusión: Justicia y Seguridad para el Gran Concepción
El caso de las bombas de ruido en los centros comerciales del Gran Concepción ha conmocionado a la comunidad y exige una respuesta firme y contundente por parte de las autoridades. La Fiscalía se encuentra ahora en un momento crucial, donde deberá decidir entre llevar al imputado a un juicio oral con sanciones severas o llegar a un acuerdo de procedimiento abreviado. Lo que está claro es que la prioridad es garantizar la seguridad y la justicia para los habitantes de la región.
