Terremoto de 2010: Municipalidad de Talcahuano condenada a pagar $2.500 millones por negligencia
Más de una década después del devastador terremoto y tsunami del 27 de febrero de 2010, la Municipalidad de Talcahuano ha sido condenada a pagar una indemnización de $2.500 millones a un grupo de damnificados que perdieron sus departamentos en un edificio gravemente dañado durante el sismo.
El fallo, dictado por el Primer Juzgado Civil de Talcahuano, establece que la Dirección de Obras Municipales no fiscalizó adecuadamente la construcción del condominio Puerto de Palos, lo que derivó en daños estructurales que obligaron a declarar el edificio como inhabitable.
Una batalla legal de 14 años
La sentencia, que llega 14 años después del 27F, obliga a la Municipalidad a devolver el valor de los inmuebles a los 58 propietarios que presentaron la demanda, rechazando la indemnización por daño moral que superaba los $7.000 millones.
"Lo que estableció ese fallo es que la Dirección de Obras Municipales no fiscalizó la construcción del edificio, y de ahí los daños estructurales que sufrió el inmueble y que obligaron a que fuera declarado inhabitable, configurándose la falta de servicio."
Según el abogado de los damnificados, Marcelo Valenzuela, la sentencia confirma la falta de servicio por parte de la Municipalidad, lo que derivó en la pérdida total de los departamentos.
Una victoria agridulce
Si bien los demandantes celebran la confirmación de su denuncia, el vocero del grupo, Juan Lozano, reconoce que la Municipalidad tiene el derecho de apelar la resolución. No obstante, destaca que finalmente se confirmara la falta de servicio en este caso.
Mientras tanto, el condominio Puerto de Palos aún permanece en pie, a la espera de que se concrete el uso de los $1.270 millones que el Gobierno comprometió a la Municipalidad de Hualpén para su demolición, antes de febrero de 2025.
Una lección sobre responsabilidad y rendición de cuentas
Este fallo representa una importante victoria para los damnificados del 27F, quienes han tenido que librar una batalla legal de 14 años para obtener justicia. Además, envía un claro mensaje a las autoridades sobre la importancia de la fiscalización y la rendición de cuentas en la construcción de infraestructura, especialmente en zonas de alto riesgo sísmico.
El caso de la Municipalidad de Talcahuano servirá como un precedente que recordará a los gobiernos locales y regionales su responsabilidad de velar por la seguridad y el bienestar de sus ciudadanos, incluso en situaciones de emergencia como un terremoto.
