Escándalo en Puerto Montt: Exalcalde Autoriza Millonario Pago de Horas Extra y es Multado

En un caso que ha sacudido a la comunidad de Puerto Montt, la Contraloría General de la República ha aplicado una severa sanción a un exalcalde de la ciudad por autorizar millonarios pagos de horas extras a sí mismo. Este acto, que claramente viola el principio de probidad administrativa, ha sido objeto de un exhaustivo sumario que ha revelado los detalles de esta escandalosa situación.

Los Cargos Investigados Contra el Exalcalde

Según la investigación realizada por la Contraloría, el exalcalde Carlos Soto Ojeda, quien actualmente se desempeña como jefe de concesiones en el municipio, autorizó directamente para sí mismo el pago de 17 millones de pesos en horas extras durante los meses de abril, mayo, agosto y septiembre de 2019, cuando se desempeñaba como administrador municipal.

Además, se constató que Soto no registraba sus horarios de entrada y salida, justificando su asistencia directamente con el departamento de informática. Esta práctica, si bien es común en el ejercicio de las funciones, fue considerada como una infracción al deber de abstención, incumpliendo gravemente el principio de probidad administrativa.

La Sanción Impuesta por la Contraloría

Como resultado de esta investigación, la Contraloría General de la República ha aplicado una multa del 20% de su sueldo al exalcalde Carlos Soto Ojeda, además de una anotación de demérito en su hoja de vida funcionaria.

Según el informe de la Contraloría, Soto Ojeda, participó en la tramitación de las referidas horas extraordinarias, en su calidad de alcalde subrogante, actuación que, de acuerdo, a lo desarrollado, constituye una infracción al anotado principio de probidad, por cuanto, en razón del cargo que se encontraba sirviendo, intervino en la resolución de un asunto que manifiestamente le concernía, debiendo haberse abstenido de decidir al respecto.

Conclusión

Este caso pone de manifiesto la importancia de mantener altos estándares de integridad y transparencia en la administración pública. La sanción impuesta por la Contraloría envía un claro mensaje de que no se tolerará el abuso de poder ni la violación del principio de probidad. Es crucial que los funcionarios públicos actúen con responsabilidad y ética en el desempeño de sus funciones, velando siempre por el bienestar de la comunidad a la que sirven.