Escándalo en la Cárcel: Gendarmes Enfrentan Duras Sanciones por Trato Preferencial a Macaya
En un giro inesperado, los gendarmes de la cárcel de Rancagua se encuentran en el ojo del huracán después de que se revelaran posibles beneficios carcelarios otorgados al empresario Eduardo Macaya Zentilli, condenado a 6 años de prisión efectiva por delitos de abuso sexual contra menores de edad.
Según los expertos, los funcionarios de Gendarmería podrían enfrentar severas sanciones por haber presuntamente brindado un trato preferencial al padre del senador Javier Macaya (UDI), quien debía cumplir su condena en condiciones de aislamiento o en módulos de baja peligrosidad.
Incautación de Celulares y Apertura de Sumario
La Fiscalía de O’Higgins abrió una investigación y Gendarmería inició un sumario para establecer la veracidad de dichos antecedentes y eventuales responsabilidades en la correcta aplicación de protocolos y procedimientos. En este contexto, el personal del OS-9 de Carabineros incautó los teléfonos celulares del jefe operativo de la cárcel de Rancagua y de otros funcionarios involucrados.
Posibles Delitos y Sanciones
Según los expertos consultados, los gendarmes podrían enfrentar cargos por delitos como cohecho o tráfico de influencias, al haber presuntamente otorgado un trato especial al condenado Macaya. Las sanciones penales podrían incluir penas de 3 a 10 años de prisión por tráfico de influencias, además de inhabilitación y multas.
Por su parte, el propio Macaya Zentilli también podría ser castigado por un delito de soborno, aunque con penas más leves. Cabe destacar que la Defensoría de la Niñez presentó un recurso de queja contra los ministros de la Corte de Apelaciones de Rancagua que revocaron en su momento la prisión preventiva contra Macaya, cambiando esta medida cautelar por arresto domiciliario.
Conclusión
Este escándalo en la cárcel de Rancagua ha puesto en evidencia posibles irregularidades y abusos de poder por parte de los gendarmes, quienes habrían otorgado un trato preferencial a un condenado por delitos de abuso sexual. Las investigaciones en curso buscarán determinar la veracidad de estos hechos y las responsabilidades de los funcionarios involucrados, quienes podrían enfrentar severas sanciones por sus acciones.
