Ministro Cordero Defiende Construcción de Nueva Cárcel en Santiago: Una Solución Necesaria

En medio de las críticas de la alcaldesa de Santiago, Irací Hassler, sobre la instalación de una nueva cárcel de alta seguridad en la comuna, el ministro de Justicia, Luis Cordero, ha salido a defender la medida, argumentando que se trata de una solución necesaria para hacer frente al déficit penitenciario que enfrenta el país.

La alcaldesa Hassler había calificado la decisión como una medida improvisada que va en la dirección opuesta a lo que necesita la ciudad. Sin embargo, Cordero ha explicado que la construcción de esta nueva cárcel se enmarca en una discusión transparente y explícita que se llevó a cabo en el Congreso durante el año pasado.

Ampliación de Recintos Penales: Una Solución Pragmática

Para facilitar la construcción de esta nueva cárcel, el Ministerio de Justicia solicitó al Ministerio de Vivienda la aplicación de la Ley 21.636, que permite ampliar recintos penales bajo la justificación de razones de seguridad pública. Cordero explicó que esta medida se basa en el hecho de que en aquellos lugares donde ya están establecidos los penales, hay algunos impactos que ya se encuentran internalizados y, en consecuencia, tiene mejores consideraciones para su desarrollo, la ampliación y la densificación de esos establecimientos.

Comprensión de las Preocupaciones Locales

Cordero reconoce que es comprensible que un alcalde o alcaldesa no apoye fácilmente la instalación de un centro penitenciario en su comuna. Sin embargo, enfatiza que la evaluación realizada por el Congreso y el Ejecutivo ha determinado que esta medida es necesaria para hacer frente al déficit penitenciario que enfrenta el país.

Conclusión: Una Solución Pragmática y Necesaria

En resumen, el ministro Cordero ha defendido la construcción de la nueva cárcel de alta seguridad en Santiago como una solución pragmática y necesaria para abordar el déficit penitenciario del país. Si bien reconoce las preocupaciones de la alcaldesa Hassler, Cordero insiste en que la medida fue ampliamente discutida y justificada en el Congreso, y que es una respuesta adecuada a las necesidades de seguridad pública de la región.