¡Destapan Millonario Contrato Secreto del Gobierno con Datavoz!
En un sorprendente hallazgo, se ha revelado un contrato millonario suscrito entre el Ministerio Secretaría General del Gobierno (Segegob) y la empresa Datavoz, perteneciente al grupo Statcom. Este acuerdo, por un monto de $244 millones, ha generado una ola de preguntas y sospechas entre la ciudadanía.
¿Qué se Esconde Detrás de este Contrato Directo?
Según el reportaje de la Unidad de Investigación de BioBioChile, el 10 de mayo pasado, la Secretaría de Comunicaciones y Cultura (Secom) –dependiente de Segegob y dirigida por Pablo Paredes (RD)– solicitó la aprobación por trato directo de este contrato para la realización de encuestas. La petición fue aprobada y, tres semanas después, se firmó el acuerdo con la compañía fundada por la profesional en Estadística, Paulina Valenzuela.
Esto no es la primera vez que Datavoz trabaja con dicha repartición, lo que ha generado dudas sobre las razones que llevaron a solicitar estos estudios, los detalles del contrato, el trato directo y la necesidad de este millonario gasto público.
La Reacción del Diputado Carter y la Respuesta del Gobierno
Ante esta situación, el diputado independiente, Álvaro Carter, anunció que oficiará a la Contraloría para que se pronuncie sobre este contrato, tanto por el alto monto como por el objetivo secreto y reservado que establece.
Por su parte, la ministra vocera de Gobierno, Camila Vallejo, defendió el contrato, argumentando que estos contratos son públicos, están el portal de compras públicas, por lo tanto, cualquier persona puede acceder a estos contratos y los montos. Además, señaló que este tipo de estudios, como los de focus groups y entrevistas remotas, son de carácter reservado y estratégico hasta que terminan los periodos de Gobierno.
Conclusión: ¿Transparencia o Secretismo?
Este millonario contrato entre el Gobierno y Datavoz ha generado una gran controversia, con cuestionamientos sobre la transparencia y el uso adecuado de los fondos públicos. Mientras el Gobierno defiende la legalidad del acuerdo, el diputado Carter ha decidido intervenir y solicitar la revisión de la Contraloría.
¿Será este contrato una muestra de buena gobernanza o un ejemplo de opacidad y secretismo en el manejo de los recursos del Estado? La ciudadanía espera con atención los resultados de la investigación y la respuesta de las autoridades.
