Caso Conscriptos: La Batalla por la Justicia Civil vs. Militar
El lunes 17 de junio, la Corte Suprema de Chile se enfrentará a una decisión trascendental: determinar si será la justicia civil o militar la encargada de investigar la fatal marcha en Putre, en la que perdió la vida el soldado Franco Vargas (19 años).
Esta contienda de competencia se ha convertido en el centro de atención nacional, con posturas encontradas entre la familia del joven fallecido, expertos en Derechos Humanos y las autoridades involucradas.
La Posición de la Familia Vargas
La madre del soldado, Romy Vargas, ha expresado claramente su desconfianza hacia una investigación militar. En una entrevista con BioBioChile, ella afirmó: Si me llegan a preguntar, yo voy a decir que no. Primero, yo no confío en la ministra Book porque ella es esposa de militar. Segundo, ella está con que la investigación quede en la Fiscalía Militar.
La familia Vargas exige que sea la justicia civil la encargada de esclarecer los hechos, rechazando la solicitud de exhumación del cuerpo realizada por la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes.
La Posición de los Expertos en Derechos Humanos
Expertos como el abogado Cristián Cruz han valorado la diligencia de la familia Vargas, considerando que se estaría en presencia de una muerte ilícita y vulneraciones a las garantías fundamentales. En este sentido, Cruz resalta la importancia de que el caso sea investigado por la justicia civil.
Asimismo, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH), querellante en el caso, y el representante para América del Sur del Alto Comisionado de los DD.HH. de las Naciones Unidas, Jan Jarab, han abogado por la intervención de la justicia ordinaria.
La Posición de las Autoridades
Por su parte, la ministra en visita de la Corte Marcial, Jenny Book Reyes, ha ordenado la exhumación del cuerpo de Franco Vargas, invocando el Protocolo de Minnesota. Esta acción ha sido rechazada por la familia, quienes desconfían de la imparcialidad de la investigación militar.
Mientras tanto, el diputado independiente y miembro de la comisión investigadora del caso Conscriptos, Rubén Oyarzo, considera fundamental que el caso sea visto en la justicia civil.
Conclusión
El lunes 17 de junio, la Corte Suprema de Chile tendrá la responsabilidad de definir si será la justicia civil o militar la encargada de investigar la trágica muerte del soldado Franco Vargas. Esta decisión marcará un precedente en la lucha por la justicia y la protección de los derechos humanos en Chile.
Independientemente del resultado, es evidente que este caso ha generado una profunda conmoción y ha puesto en evidencia la necesidad de fortalecer los mecanismos de rendición de cuentas y transparencia en las Fuerzas Armadas y en el sistema de justicia militar. Solo así podremos garantizar que tragedias como esta no vuelvan a ocurrir.
