Escándalo en el Servicio Médico Legal: Piden la salida de Jacqueline van Rysselberghe tras cuestionado informe a condenado por crímenes de la dictadura
Las agrupaciones de derechos humanos han exigido la salida de Jacqueline van Rysselberghe como psiquiatra del Servicio Médico Legal (SML), así como la destitución del director regional Jaime Téllez. Esto se debe al cuestionado informe psiquiátrico que Van Rysselberghe elaboró sobre un condenado por violaciones a los derechos humanos durante la dictadura.
Los familiares de las víctimas de la dictadura llegaron hasta la sede del SML en Concepción, región del Bío Bío, para manifestar su indignación con el peritaje realizado por la ex senadora de la UDI. En este informe, Van Rysselberghe declaró la enajenación mental de José Otárola, un condenado a 15 años de cárcel por los homicidios de Laja San Rosendo.
Según el abogado Patricio Robles, este informe permitiría a Otárola acceder a beneficios para cumplir la pena en su domicilio, lo que generaría la impunidad que las víctimas rechazan.
Desconfianza y solicitudes de nulidad
Los familiares de las víctimas expresaron su desconfianza en Jaime Téllez, el director regional del SML, a quien acusan de haberles mentido al asegurar que Van Rysselberghe no intervendría en causas de derechos humanos.
Además, la Coordinadora de la Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos, Juana Vidal, explicó que lo que se pide al Ministerio de Justicia es la salida de Téllez y de Van Rysselberghe, así como la nulidad del peritaje a José Otárola.
Resolución pendiente
Según se informó, al menos dos solicitudes para desestimar el cuestionado peritaje han llegado a la Corte de Apelaciones, por lo que el ministro Carlos Aldana deberá resolver la próxima semana si lo acoge o lo desecha.
Conclusión
Este escándalo en el Servicio Médico Legal ha generado una gran indignación y desconfianza entre las agrupaciones de derechos humanos, quienes exigen la salida de Jacqueline van Rysselberghe y Jaime Téllez, así como la nulidad del peritaje que podría permitir la impunidad de un condenado por crímenes de la dictadura. La resolución de la Corte de Apelaciones será clave para determinar el futuro de este caso.
