Líder Mapuche Condenado a 23 Años de Cárcel: ¿Justicia o Persecución Política?

En un controversial fallo, el líder de la Coordinadora Arauco Malleco (CAM), Héctor Llaitul, ha sido condenado a 23 años de prisión por delitos contemplados en la Ley de Seguridad del Estado, incluyendo usurpación violenta, hurto de madera y atentado contra la autoridad. Sin embargo, la organización mapuche ha rechazado enérgicamente esta sentencia, argumentando que se trata de una condena política en contra del movimiento de liberación nacional mapuche.

La Posición de la Coordinadora Arauco Malleco

En un comunicado difundido por Radio Kurruf, la CAM afirma que en estos más de 25 años de nuestro caminar, nuestra organización ha instalado una idea en nuestro pueblo de reconstruir, de resistir y de fortalecer la identidad y dignidad mapuche, actuando bajo una ética revolucionaria, sin tener absolutamente ninguna vinculación con la muerte de ninguna persona. Además, señalan que el escenario se torna propicio para las forestales y los funderos fascistas, ya que la condena contra Llaitul fue orquestada minuciosamente por los diferentes poderes del Estado, los conglomerados económicos y en absoluta complicidad con los medios de prensa hegemónicos.

Una Condena Política

Según la CAM, la sentencia contra el líder mapuche corresponde a una condena política hacia el movimiento mapuche autonomista y hacia la ideología de liberación nacional mapuche. Asimismo, precisan que la persecución política queda en evidencia, con los 15 años de condena por apología a la violencia, a partir de la Ley de Seguridad Interior del Estado, la cual fue creada para perseguir a quienes se levantaban contra el régimen impuesto, y que fue fortalecida y es herencia, también, de la dictadura militar chilena.

Conclusión

La condena de 23 años de cárcel impuesta a Héctor Llaitul ha generado una fuerte reacción por parte de la Coordinadora Arauco Malleco, quienes denuncian que se trata de una persecución política en contra del movimiento mapuche autonomista y su lucha por la liberación nacional. Esta sentencia ha puesto en evidencia las tensiones y conflictos que persisten entre el Estado chileno y las comunidades indígenas, y plantea interrogantes sobre la imparcialidad del sistema judicial y el respeto a los derechos de los pueblos originarios.