Una propuesta polémica que busca fortalecer a Carabineros
En una sorprendente solicitud, el alcalde de Puente Alto, Rodolfo Carter, ha instado al presidente Gabriel Boric a promulgar una Ley de Amnistía que beneficie a los carabineros condenados por casos relacionados con el estallido social del 18-O. Esta propuesta tiene como objetivo enviar una señal contundente de apoyo a la institución de Carabineros y brindar tranquilidad a sus funcionarios en medio de la crisis delictual que enfrenta el país.
La difícil situación de Carabineros
Según Carter, Carabineros es una de las instituciones que más ha sufrido con la violencia criminal en Chile. Más de 150 oficiales enfrentan causas relacionadas con el estallido social, y aunque el alcalde no justifica el abuso policial ni la tortura, considera que es necesario evaluar una amnistía general para los carabineros perseguidos por estos hechos.
Limitaciones y garantías
El alcalde Carter es claro en señalar que cualquier amnistía debe excluir los casos de homicidio y garantizar el derecho de las posibles víctimas a buscar indemnización por parte del Estado. Su objetivo es brindar un acto reparatorio a los funcionarios de Carabineros que han defendido la democracia y han enfrentado el ataque organizado de violentistas que intentaron derrocar al gobierno legítimamente electo.
Una decisión que requiere coraje
La solicitud de amnistía para los carabineros condenados por el estallido social es una propuesta audaz y controvertida. Requiere de un presidente dispuesto a evaluarla y tomar una decisión que demanda coraje. Sin embargo, el alcalde Carter considera que es necesario fortalecer a Carabineros y enviar un mensaje de respaldo a sus funcionarios en medio de la difícil situación que enfrentan.
Conclusiones
La propuesta de una Ley de Amnistía para los carabineros condenados por el estallido social ha generado un intenso debate en la opinión pública. Mientras algunos consideran que es una medida necesaria para fortalecer a la institución y brindar justicia a los funcionarios, otros argumentan que podría generar impunidad y socavar la confianza en el sistema de justicia. La decisión final recae en el presidente Gabriel Boric, quien deberá evaluar cuidadosamente los pros y contras antes de tomar una determinación.
