La importancia de la prescindencia en las elecciones
En vista de las próximas elecciones para alcaldes, concejales, gobernadores y consejeros regionales que se llevarán a cabo en octubre, la Contraloría General de la República ha emitido un instructivo dirigido a los funcionarios públicos, con el objetivo de establecer pautas claras sobre su comportamiento durante este proceso electoral.
El instructivo, firmado por la contralora (s), Dorothy Pérez, consta de 28 páginas y aborda de manera detallada las actividades prohibidas para los funcionarios públicos en relación con la política contingente. Se enfatiza que los empleados estatales, sin importar su jerarquía o estatuto jurídico, están impedidos de realizar proselitismo, propaganda política, promover o intervenir en campañas, participar en reuniones o proclamaciones políticas, ejercer coacción sobre otros empleados o personas, y utilizar su autoridad o cargo para favorecer o perjudicar candidaturas, tendencias, partidos políticos o pactos electorales.
Sanciones para quienes no cumplan con las normas
El instructivo también hace hincapié en las sanciones que pueden aplicarse a aquellos funcionarios públicos que no cumplan con las normas de prescindencia establecidas. Según lo dispuesto en el artículo 62 de la ley N°18.575, las conductas que contravienen el principio de probidad administrativa pueden ser sancionadas con medidas disciplinarias, como la destitución o el término de la relación laboral.
Es fundamental tener en cuenta que estas normas de prescindencia solo aplican durante la jornada y horario laboral de los funcionarios públicos. Fuera de ese tiempo, los empleados estatales están autorizados para participar en actividades políticas durante su tiempo libre, de acuerdo con lo establecido en el artículo 28 de la ley N° 19.884. Sin embargo, es importante recordar que la actividad política partidista no debe interferir con el desempeño de sus funciones públicas.
Garantizando la imparcialidad en el ejercicio de la función pública
La emisión de este instructivo por parte de la Contraloría General de la República busca garantizar la imparcialidad en el ejercicio de la función pública durante las elecciones 2024. Estas medidas son fundamentales para asegurar que los funcionarios públicos actúen de manera neutral y no utilicen su posición para favorecer a ningún candidato, partido político o tendencia.
En conclusión, es responsabilidad de todos los funcionarios públicos cumplir con las normas de prescindencia establecidas por la Contraloría General de la República. Al hacerlo, contribuyen a mantener la integridad y transparencia del proceso electoral, fortaleciendo así la confianza de la ciudadanía en las instituciones públicas.
