¡Escándalo! Rappi cobra sin autorización a sus clientes

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El Sernac exige respuestas a Rappi

El Servicio Nacional del Consumidor (Sernac) ha tomado cartas en el asunto tras recibir múltiples denuncias de usuarios de Rappi, la popular empresa de delivery. Los clientes han reportado cobros no autorizados en sus tarjetas de crédito, lo que ha generado un gran malestar en la comunidad.

Ante esta situación, el Sernac ha oficiado a Rappi para que entregue toda la información relacionada con las membresías que ofrece y los detalles del proceso de suscripción de los clientes a dichos planes de fidelización. El organismo ha dado un plazo de cinco días hábiles para que la empresa responda a esta solicitud.

Los detalles del escándalo

Según el comunicado emitido por el Sernac, Rappi ha rebautizado su servicio Rappi Prime como Rappi Pro, con un costo mensual de $4.990. Además, ha lanzado una suscripción con más beneficios llamada Rappi Pro Black, que tiene un valor de $7.990 cada 30 días. Estos cobros se realizaban sin el consentimiento de los clientes, quienes se enteraban de ellos al revisar sus estados de cuenta.

El Sernac ha recordado que las empresas, tanto físicas como digitales, no pueden realizar modificaciones unilaterales a los términos y condiciones acordados originalmente. Además, la Ley del Consumidor establece que las empresas deben informar de manera veraz y oportuna cualquier incremento en el costo del servicio, permitiendo a los consumidores decidir si aceptan o rechazan las nuevas condiciones.

Posibles consecuencias para Rappi

El Sernac ha dejado claro que, en caso de detectar infracciones, tomará las medidas necesarias para proteger a los consumidores afectados. Esto podría incluir acciones colectivas contra la empresa. Rappi se enfrenta a una situación delicada, ya que este escándalo podría afectar su reputación y generar una pérdida de confianza por parte de los usuarios.

Esperamos que Rappi responda de manera adecuada a las solicitudes del Sernac y tome las medidas necesarias para solucionar este problema. Los consumidores merecen un trato justo y transparente, y es responsabilidad de las empresas garantizarlo.

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