Introducción
Un grupo de diputados oficialistas de la Comisión de Salud de la Cámara de Diputadas y Diputados ha presentado una polémica indicación para eliminar el mecanismo que redujo la deuda de las instituciones privadas de salud en casi 400 millones de dólares. Esta propuesta ha generado un gran debate y ha puesto en el centro de la discusión el futuro de las isapres y el sistema de salud en general.
El mecanismo de rebaja de deuda
El mecanismo en cuestión es parte de la Ley Corta de Isapres y consiste en un reajuste excepcional que busca que todos los planes de salud lleguen a una cotización del 7%. Esto implica que todos los contratos de salud con un precio pactado menor a ese porcentaje deben aumentar, lo que a su vez reduce el monto de la deuda de las isapres.
Gracias a esta rebaja, la deuda de las isapres ha disminuido de más de 1.450 millones a 1.100 millones de pesos. Sin embargo, los diputados que presentaron la indicación argumentan que este mecanismo es retroactivo y que no existía al momento de dictarse el fallo que ordenó la rebaja. Además, plantean que su aplicación vulnera el régimen de excedentes vigentes en el momento en que se firmaron los contratos.
El debate en el Congreso
La presentación de esta indicación ha generado un intenso debate en el Congreso. Por un lado, los diputados que la respaldan argumentan que eliminar el mecanismo de rebaja de deuda es necesario para proteger los derechos de los afiliados y evitar una nueva alza en los planes de salud. Por otro lado, quienes se oponen a esta propuesta sostienen que eliminar el mecanismo sería inconstitucional y perjudicaría a las isapres.
Conclusiones
El futuro de las isapres y el sistema de salud en general está en juego. La eliminación del mecanismo de rebaja de deuda propuesta por un grupo de diputados oficialistas ha generado un intenso debate en el Congreso. Mientras unos argumentan que esta medida protegerá los derechos de los afiliados, otros sostienen que sería inconstitucional y perjudicaría a las isapres. La decisión final está en manos de los legisladores, quienes deberán evaluar cuidadosamente los argumentos a favor y en contra antes de tomar una determinación.
