Valparaíso lideró denuncias de explotación sexual infantil en 2023
El Servicio de Protección a la Niñez confirmó que, con una cifra de 85 durante 2023, la región de Valparaíso fue la que acumuló la mayor cantidad de denuncias por explotación sexual infantil de víctimas que viven en residencias estatales.
Por su parte, la Defensoría de la Niñez advirtió que en los últimos cuatro años el 43% de las querellas que ha ingresado en relación a este fenómeno delictivo, 12 de 28, se concentra en la región.
Consultado por las investigaciones en curso por explotación sexual infantil en la zona, el Ministerio Público aseguró no contar con ningún elemento para señalar que se relacionan al crimen organizado.
Las 85 denuncias por explotación sexual infantil de víctimas que habitan en residencias estatales es un alza del 52% en comparación al 2022. En el listado, a Valparaíso le siguen la región Metropolitana y la del Bío Bío, con 80 y 58 casos, respectivamente.
Factores que contribuyen al aumento de las denuncias
Francisco Olivares, director regional del Servicio de Protección a la Niñez, confirmó que predomina la reiteración, es decir, que una víctima registra más de una denuncia.
En ese sentido, explicó que existen varios factores. Por un lado, la visibilización y el aumento demográfico, pero también el aumento de la incidencia de los casos.
Anuar Quesille, defensor de la Niñez, reveló que han ingresado 28 querellas por explotación sexual infantil a nivel nacional en los últimos cuatro años. A su vez, 12 de ellas, correspondiente a un 42,8%, se acumulan en la región de Valparaíso.
Desafíos en las investigaciones y acciones tomadas
La fiscal regional de Valparaíso, Claudia Perivancich, advirtió dificultades propias de estas investigaciones, descartando —por ahora— que el fenómeno se vinculara al crimen organizado.
Según la Defensoría de la Niñez, la gran mayoría de las víctimas tiene de 14 a 17 años de edad. Por avances en investigación penal, la institución reveló que hay un 61% de imputados no conocidos, además de sólo un 2% de sentencias condenatorias y un 49% de las causas en archivo provisional.
