El polémico juez Urrutia y su cargo designado por el Papa: ¿justicia social o controversia?
En agosto del año pasado, el Papa Francisco nombró a los integrantes del Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana (Copaju), entre ellos al juez Daniel Urrutia Laubreaux, quien los últimos días ha sido foco de críticas tras autorizar videollamadas de reos de la Cárcel de Alta Seguridad de Santiago.
La polémica decisión pretendía favorecer a siete reclusos del centro penitenciario de la región Metropolitana, en su mayoría extranjeros, de los cuales, al menos tres eran parte de los brazos operativos del Tren de Aragua.
Cabe mencionar que para el período 2023-2028, el Pontífice designó como presidente del Comité al juez Roberto Andrés Gallardo de la República Argentina; como vicepresidenta a la jueza Ana Algorta Latorre de la República Federativa del Brasil; y como secretario al magistrado Gustavo Daniel Moreno de la República Argentina.
En tanto, nombró como vocales a los jueces María Julia Figueredo Vivas de la República de Colombia; Tamila Ipema de los Estados Unidos, Daniel Urrutia Laubreaux de la República de Chile; y Janet Tello Gilardi de la República del Perú.
El Comité Panamericano de Juezas y Jueces por los Derechos Sociales y la Doctrina Franciscana
Formalmente, el comité fue creado en el Vaticano bajo la rúbrica del Pontífice en junio de 2019 y con la participación de 120 magistrados de las tres Américas, en el marco del encuentro celebrado en la Casina Pio IV, sede de la Pontificia Academia de las Ciencias Sociales.
Desde esa fecha, la institución “ha desarrollado una prolífica tarea destinada a la protección y promoción de los derechos sociales desde la magistratura, poniendo especial énfasis en los sectores sociales descartados, afectados por los distintos procesos de neocolonialismo”.
Así también ha constituido representaciones en distintos países (denominados “capítulos nacionales”): Argentina, Chile, Colombia, Perú, Brasil, México, Estados Unidos y Paraguay y se encuentra en permanente expansión por el resto del continente americano.
Controversia por las videollamadas de reos de alta peligrosidad
Luego que se diera a conocer la resolución del juez Urrutia, desde distintos sectores políticos, como por ejemplo la UDI, llamaron a la Corte Suprema para que lo “suspendan o expulsen” de su cargo.
Desde el Gobierno, el ministro de Justicia, Luis Cordero, reiteró la postura del Ejecutivo frente a esta decisión que tomó el juez, la cual calificó como “ilegal”.
Es por esto que el Ejecutivo pide, esencialmente, que “cada institución cumpla los roles que constitucional y legalmente le establece. Nosotros creemos que la decisión del juez Urrutia es ilegal. Las razones por las cuales son ilegales se han expresado en el escrito de Gendarmería, y el Ejecutivo y yo me he referido a ellas el día de hoy”.
El perfil del juez Urrutia
Según detalla el medio Ex-Ante, Urrutia llegó al Poder Judicial el 31 de marzo del 2000. Su carrera cuenta con un paso por el Juzgado de Garantía de Freirina (2001), Ovalle (2003), Coquimbo (2004), para culminar en el Séptimo Juzgado de Garantía de Santiago en 2006.
Un aspecto esencial de su trabajo se centra en los Derechos Humanos. En este sentido, Urrutia posee un diplomado en Derechos Humanos realizado en 2004. A fines de noviembre había enviado a la Suprema, como trabajo final, una propuesta para la adoptación de medidas de reparación por parte del Poder Judicial a las víctimas de violaciones de derechos humanos durante la dictadura.
