Escándalo en las pensiones de gracia otorgadas por Piñera
La ministra del Interior, Carolina Tohá, ha generado polémica al revelar que algunas de las pensiones de gracia entregadas durante el gobierno de Piñera beneficiaron a personas con antecedentes penales y condenas por delitos violentos. Este hecho ha generado un gran revuelo en la opinión pública y ha puesto en tela de juicio el proceso de asignación de estas pensiones.
Requisitos omitidos en el proceso de asignación
Según Tohá, las pensiones de gracia se otorgan en virtud de un procedimiento definido por la ley de presupuesto del 2021 y aplicado en el 2022. Sin embargo, en este proceso no se contempló la evaluación de los antecedentes penales de los beneficiarios. Esto ha llevado a que personas con un historial delictivo hayan obtenido este beneficio sin ningún tipo de restricción.
Medidas tomadas por el Presidente
Ante esta situación, el Presidente ha instruido evaluar caso por caso a aquellas personas que tenían antecedentes penales al momento de recibir las pensiones de gracia. Aquellos beneficiarios que presenten un daño grave y permanente podrán mantener el beneficio, mientras que aquellos que no cumplan con este requisito serán evaluados para determinar si deben perderlo.
Modificación de la ley
La ministra Tohá ha anunciado que se presentará un cambio a la ley en el parlamento para que, en adelante, se considere la evaluación de los antecedentes penales al asignar una pensión de gracia. De esta manera, se busca evitar que personas con un historial delictivo puedan acceder a este beneficio sin consecuencias.
Responsabilidad compartida
La ministra también ha destacado que la falta de consideración de los antecedentes penales no es exclusiva del gobierno actual, sino que también ocurrió durante la administración de Piñera. Incluso, se ha revelado que algunas de las pensiones de gracia otorgadas por el expresidente también beneficiaron a personas con antecedentes penales graves.
Revisión de las pensiones
En tanto se realiza la modificación de la ley, se llevará a cabo una revisión de las pensiones de gracia, comenzando por aquellas otorgadas durante el estallido social. Aquellas pensiones en las que no se encuentre un daño permanente y grave, y se detecten antecedentes penales relevantes, serán revocadas.
Conclusión
El escándalo de las pensiones de gracia con antecedentes penales ha generado un fuerte impacto en la opinión pública. La ministra Tohá ha dejado en claro la necesidad de modificar la ley para evitar este tipo de situaciones en el futuro y ha anunciado medidas inmediatas para evaluar y revocar las pensiones que no cumplan con los requisitos establecidos. Este caso pone de manifiesto la importancia de una asignación transparente y justa de los beneficios sociales.
