¡Descubre las claves del proyecto que revolucionará el cumplimiento tributario!

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Introducción

El Gobierno del presidente Gabriel Boric ha presentado una nueva ley de cumplimiento tributario en Chile, la cual se enfoca en siete puntos clave con el objetivo de reducir la evasión y elusión tributaria en el país. Esta iniciativa busca incrementar la recaudación fiscal en un 1,5% del Producto Interno Bruto (PIB) para financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal (PGU) a $250.000. En medio de la discusión de la reforma de pensiones en el Congreso, el ministro de Hacienda, Mario Marcel, ha detallado los ejes principales de este proyecto.

Los objetivos del proyecto

El ministro Marcel ha explicado que el proyecto no solo busca endurecer sanciones, sino también entregar recursos y capacidades a los organismos fiscalizadores para mejorar la fiscalización. Además, se pretende generar mecanismos de apoyo a los contribuyentes para que conozcan mejor sus obligaciones y puedan cumplirlas. En concreto, el proyecto tiene como objetivos identificar incumplimientos tributarios causados por desconocimiento, perseguir los delitos tributarios y enfrentar la planificación tributaria agresiva.

Las claves del proyecto

Entre los puntos clave de esta iniciativa se encuentra la aplicación administrativa de la Norma General Antielusiva (NGA), otorgando al Servicio de Impuestos Internos (SII) la facultad de calificar los actos económicos como elusivos. También se propone eliminar la cláusula de mínimas (US$41) para las compras desde el exterior, como medida para combatir la informalidad en el comercio online transfronterizo.

Además, se impulsarán medidas para controlar la informalidad, como exigir el inicio de actividades a las personas que proveen dispositivos para realizar pagos electrónicos. También se obligará a bancos e instituciones financieras a alertar cuando un contribuyente reciba más de 50 transacciones de distintas cuentas en un mes.

Otro punto importante es la modernización de la administración tributaria y de los Tribunales Tributarios y Aduaneros, lo cual incluye un nuevo procedimiento para levantar el secreto bancario y la notificación por correo electrónico a los contribuyentes en las actuaciones del SII, Tesorería General de la República, Servicio Nacional de Aduanas y Tribunales Tributarios.

El proyecto también busca mejorar la norma general antielusiva, permitiendo una mejor aplicación e interacción con las normas especiales antielusión. Se actualizarán las normas de control en materia de tributación internacional y se modernizará la tasación del SII y las reorganizaciones empresariales.

En cuanto a los delitos tributarios, se incorporará la figura del denunciante anónimo y se incrementarán las sanciones a quienes faciliten o utilicen documentos tributarios falsos.

El proyecto contempla nuevas facultades para la Defensoría del Contribuyente (DEDECON), la cual tendrá el deber de difundir y educar sobre el cumplimiento de obligaciones tributarias.

Para facilitar la regularización de obligaciones tributarias, se modificará el cálculo de la tasa de interés y se flexibilizarán las condiciones para la suscripción de convenios de pago. Se proponen tres medidas transitorias: término anticipado a juicios previo pago de deuda, repatriación de capitales y juicios previo pago de deuda, y la posibilidad de acceder a convenios de pago con condonación de intereses y multas.

Por último, se fortalecerá la administración tributaria y se incorporarán normas sobre movilidad y retención del personal de Aduanas, Tesorería, SII y Defensoría del Contribuyente.

Conclusión

El proyecto de cumplimiento tributario presentado por el Gobierno de Gabriel Boric busca combatir la evasión y elusión tributaria en Chile a través de siete puntos clave. Con esta iniciativa, se pretende incrementar la recaudación fiscal y financiar el aumento de la Pensión Garantizada Universal. Además, se busca fortalecer la administración tributaria y brindar apoyo a los contribuyentes para que cumplan con sus obligaciones. Con estas medidas, se espera mejorar la fiscalización y reducir la informalidad en el sistema tributario del país.

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